En febrero volverán a reiniciarse las instancias judiciales en torno al caso Aduanas, en la sede de Carmelo a cargo del juez Carlos Colmenero. Ya fueron fijadas varias audiencias entre las que se prevé que concurra el director de Aduanas, Nilo Pérez y el director de la Dirección General Impositiva, Eduardo Zaidensztat.

Según dijeron a El País fuentes judiciales allegadas al caso, la citación de Pérez está prevista para el 10 de febrero, mientras que la de Zaidensztat lo está para el 12 de febrero. Ambos jerarcas están citados para declarar en relación a otro presumario sobre el trabajo de funcionarios en el Ministerio de Economía que cumplen funciones sin tener un contrato vigente.

Además fueron fijadas, para la segunda quincena de febrero, las audiencias para que declaren otros testigos en relación a las causas de los ex asesores de Lissidini que fueron procesados por usurpación de funciones.

Colmenero había dicho a El País en una entrevista (21/9/2003) que investigaría al Ministerio de Economía a raíz de una denuncia que hizo el propio Lissidini al declarar en la que señaló que había 17 personas trabajando sin contrato.

El magistrado también pidió información a la Dirección de Aduanas sobre la utilización de los vehículos por parte de los asesores e informantes de Lissidini. Asimismo el magistrado solicitó información sobre el uso de la nafta y si esos asesores e informantes sacaban vales para comprarla.

Además, después de la feria judicial de enero el juez recibirá un informe de la Auditoría Interna de la Nación sobre la gestión de la Dirección Nacional de Aduanas.

Son varios los presumarios que el juez retomará en febrero. Entre ellos una denuncia presentada por el ex director de la oficina de Prevención y Represión de Ilícitos Aduaneros (PRIA), Pablo de Sicco, por presuntas maniobras en la Zona Franca de Nueva Helvecia, y una denuncia presentada por la receptora de Aduana de Carmelo sobre un depósito irregular que funcionaba en la misma ciudad.

El tribunal de Apelaciones Penal de tercer turno confirmó parcialmente el procesamiento de Lissidini por usurpación de funciones. El único caso en que el tribunal coincidió con el juez fue el del procedimiento aduanero efectuado en Carmelo en que participó Héctor Navarrete cuando no tenía contrato vigente.

Lissidini dijo entonces que esa resolución demuestra que los informantes estaban trabajando bien y que sólo en uno de los 10.000 procedimientos existieron irregularidades.