China no piensa en un referéndum

A principios de diciembre, el Gobierno chino decidió acelerar el proceso de reestructuración del sector público con objeto de convertir la empresa privada en el corazón de su economía. El movimiento, calificado por algunos economistas como "la mayor privatización de la historia", va destinado a modernizar la obsoleta red de empresas estatales. Miles de sociedades pasarán a manos particulares en los próximos años, mientras otras serán obligadas a cerrar.

Una declaración de los dirigentes del Partido Comunista consagra:

—"Así como el capitalismo tiene planificación, el socialismo tiene mercado. Viajamos de la economía planificada a la economía socialista de mercado".

—"El Gobierno chino debe acelerar este viaje, iniciado por Deng Xiaoping en 1978, y privatizar su extenso tejido de empresas públicas para hacer frente a la creciente competencia generada por nuestra entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC)". "Queremos que el capital privado —ya sea nacional o extranjero— ayude a modernizar las sociedades que lastran las cuentas del Estado con miles de millones de yuanes de gastos innecesarios y créditos irrecuperables. Estos ahorros permitirán financiar un sistema de seguridad social desmantelado, mediante las nuevas reformas económicas.

"El Estado garantizará a las empresas privadas el mismo tratamiento que a las públicas en inversión, financiación, impuestos y uso de la tierra. Además, se permitirá que las empresas privadas, entren en sectores como infraestructuras o servicios públicos".

Pekín pretende conservar el control, y no el 100% de las acciones, en 50 grandes corporaciones correspondientes a sectores estratégicos. Se impulsarán fusiones en sectores como la energía y la industria militar a través de la internacionalización y las colocaciones en Bolsa.

—"Tenemos claro que no es necesario poseer la mayoría en un negocio para mantener el control. Europa mantiene el control y regula sus mercados con capitales minoritarios en empresas estratégicas".

Entre 1997 y 2002, el número de compañías estatales pasó de 262.000 a 159.000. Esta reducción se basó en la máxima "sujetar las grandes y soltar las pequeñas", impulsada por el anterior presidente, Jiang Zemin. Si antes eran las pequeñas las que había que vender; ahora, se ha abierto la puerta para vender las mayores. Un hito ideológico.

Li Rongrong, ministro responsable de la Comisión de Supervisión y Administración de los Activos Públicos (Sasac), ha asegurado que el Gobierno va a promover la participación de las multinacionales extranjeras en esta masiva privatización, especialmente de aquellas que poseen alta tecnología. En algunas provincias, lejos de Pekín, los dirigentes locales se han adelantado y ya han asociado las grandes empresas públicas, con el capital privado.

El precio a pagar por este proceso se llama "desempleo", uno de los problemas que más preocupa al Gobierno por su potencial efecto desestabilizador. Entre 1994 y 2002, un total de 3.080 compañías públicas cerraron o fueron a la bancarrota. Dejaron una deuda incobrable de 199.540 millones de yuanes (25.000 millones de dólares). En los próximos cinco años, otras 2.500 (entre ellas 200 empresas militares) seguirán el mismo camino y dejarán sin trabajo a 5 millones de personas. Desde 1998, más de 28 millones de ciudadanos han perdido su empleo. Una cuestión delicada, cuando China —a pesar del crecimiento de su PBI, 8% anual— no es capaz de generar suficientes puestos de trabajo para su casi infinita fuerza laboral.