Acuerdo para postergar hasta febrero debate sobre crisis bancaria

Las fechas se le vinieron encima a la comisión investigadora parlamentaria del sistema financiero, por lo cual los partidos acordaron —y ratificarán formalmente hoy—, la postergación del debate final sobre las conclusiones de un año de trabajo hasta mediados de febrero, confió a El País el presidente de la comisión, Gabriel Pais.

La comisión investigadora volverá a reunirse ese día para considerar el contenido de los documentos con descargos presentados por las personas imputadas en alguno de los cuatro informes que se hicieron públicos con conclusiones, es decir el presidente Jorge Batlle, el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, los actuales y ex directores del Banco Central del Uruguay y otros funcionarios que continúan desempeñándose en el sistema financiero.

La decisión de postergar hasta febrero la definición se adoptará debido a que los documentos conteniendo los descargos son voluminosos y los legisladores no han tenido tiempo aún de analizarlos, explicó Pais. La contienda del referéndum y las campañas dispersaron bastante el ambiente en las últimas dos semanas, por lo que las posibilidades de la comisión investigadora se abreviaron considerablemente.

En la sesión de hoy, miércoles 10, la comisión pedirá al plenario de la Cámara de Representantes que vote una prórroga del plazo hasta el 15 de febrero para poder terminar el trabajo, informó su presidente.

INFORMES. Las conclusiones a que arribó el Partido Colorado establecen, en forma prioritaria, que la corrida bancaria que afectó el sistema financiero en el inicio de 2002, se debió a medidas económicas adoptadas por Argentina, en particular el Decreto que fijó el corralito. Además, sostienen que no se le puede hacer imputaciones a ningún jerarca o ex jerarca porque en todo momento se actuó de acuerdo con la Constitución y la ley. El Partido Nacional afirma que no hay duda que los organismos de contralor del sistema fallaron. Sus representantes señalan que "hechos y actos" deben ser enviados a conocimiento de la Justicia.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio da cuenta que el Estado trasladó a las instituciones en riesgo un total de U$S 1.051 millones, e insiste en su informe en que la asistencia dispuesta por el gobierno se hizo a instituciones con "patrimonio negativo" y que "estaban o habían sido vaciadas" antes de la crisis de 2002 lo cual, afirman, era de conocimiento de los principales decisores. Finalmente, el Partido Independiente considera que ha habido una "responsabilidad significativa" de las autoridades, en particular del BCU en su rol de contralor de gestión de entidades del sistema financiero.

Decisiones poco explicables, lentitud para tomar medidas y responsabilidad política del Poder Ejecutivo al definir la estrategia sobre cómo encarar la situación derivada de la crisis bancaria que llevo al gobierno a "tratar de sostener el sistema financiero a cualquier precio", son los puntos esenciales del informe de este partido.