Política y sindicatos

EN mayo del 2001, el Dr. Tabaré Vázquez, cerrando el ciclo del "Centro de Estudios Estratégicos 1815", organizado por el Gral. Seregni, dijo entre otras cosas: "Hay otro tipo de apropiación de las empresas públicas que tampoco puede continuar: la de sus corporaciones de funcionarios que a menudo confunden sus intereses legítimos, con los no menos legítimos intereses de la sociedad".

Desde que el Presidente del Frente Amplio hiciera esa rotunda afirmación de que la "apropiación por las corporaciones de funcionarios de las empresas públicas tampoco puede continuar", esa apropiación no hizo más que extenderse, casi como una rutina. ¡Oh, sorpresa!, impulsada siempre por una dirección sindical, cada vez más confundida con el propio partido del Dr. Vázquez.

EMPEZANDO por el referéndum sobre la ley de Ancap, elaborada en buena parte por los propios legisladores frentistas, de acuerdo a las instrucciones asignadas por su Mesa Política. Pero alcanzó que las declaraciones del presidente del Sindicato de Ancap expresaran su disconformidad con el proyecto, acompañadas al día siguiente por una marcha y un paro impulsados también por el Pit-Cnt, para que ya a las 24 horas, el mismo Dr. Vázquez enviara al sindicato una nota de "solidaridad y apoyo personal ante vuestros justos planteos en defensa del trabajo, los trabajadores y nuestras empresas públicas".

El conductor fue el sindicato en el cuidado de sus propios intereses, no los del organismo, ni los del país. El partido político y su líder fueron apenas su sombra o su eco. El resultado será la jornada del siete de diciembre. La movilización de una ciudadanía fastidiada por un tema complejo que no comprende bien, además del dispendio de algunas decenas de millones de pesos que distrae a fondos escasos de otras aplicaciones mucho más necesarias, y quizás, según los resultados, quedaría postergado o desamparado el interés de la comunidad, que la ley procuró contemplar.

Casi coincidente con ese empeño de burocrática raíz, los funcionarios de OSE se lanzaron a recolectar firmas para una reforma constitucional que asegurase la estatización de esos y otros servicios a prueba de cualquier contingencia. También aquí las fuerzas políticas marcharon a remolque de las decisiones sindicales. Esa transferencia sistemática de poderes llegó a que algunos dirigentes sindicales de ese organismo pretendieran disponer de a cuáles usuarios del servicio se debía cobrar y a cuáles no. Con ello sobraban las autoridades del organismo y también las normas de derecho que regulan al ente.

Poco tiempo después son funcionarios del ferrocarril, es decir de un servicio casi virtual, que hacen una convocatoria para impedir el remate, dispuesto por sus autoridades, de algunos viejos elementos de aquel organismo. El remate en efecto no se hizo. De nada valió la voluntad de diálogo, ni las razones, ni la paciencia del rematador, para convencerlos que nada había allí que cuidar, pues se trataba de trastos sin uso. Además, que la decisión provenía de la autoridad legítima para tomarla.

TODO FUE EN VANO. Ni siquiera tuvo peso alguno para evitar esta otra usurpación de funciones, la situación de privilegio que significa mantener el cargo, cuando el servicio desde hace años no funciona.

El conflicto de dirigentes de Adeom con la Intendencia con motivo del nuevo sistema de recolección de basura, en donde una vez más se apuesta al atraso, al perjuicio a la colectividad, al atentado a la higiene, es también otra demostración de la intención de desplazar las competencias de la autoridad legítima por las decisiones del sindicato o de sus dirigentes.

La sorpresiva decisión de la Asamblea General de levantar el veto en el caso de los cajeros automáticos, fue también inicialmente impulsada por los intereses burocráticos, tras los cuales no escondió su mano la manipulación política.

Son éstos apenas inquietantes botones de una larga muestra. La politización sindical, recurso largamente utilizado por el Frente para obstaculizar la acción de gobiernos que no eran los suyos y para ver de acceder por esa vía indirecta al ejercicio de funciones al que no habrían llegado, mutila la visión del interés nacional, disuelta en un agresivo feudalismo de intereses. Además debilita tanto a la jerarquía sindical como el régimen de derecho. A la primera porque compromete sus intereses legítimos y específicos cuando los supedita a otros que no lo son. A la segunda, porque cuando los sindicatos se arrogan funciones que no son las suyas, desplazando a las fuerzas políticas de sus cometidos más obvios, y a los centros de decisión previstos en la Constitución, sufren un grave detrimento las garantías institucionales que definen el Estado de derecho que empieza a batirse en retirada.

Ahora el Pit-Cnt está procurando acomodar el cuerpo para no complicar demasiado al gobierno próximo, si le correspondiera al Frente Amplio. Si se diera, que no creemos, esa eventualidad, con ella puede llegar también la imagen del aprendiz de brujo.

Según ha dicho un diputado, el líder del Frente Amplio viaja acompañado por cuidavidas que en materia de bailantas se denominan "patovicas". Resulta que en una reciente visita a Rivera, el Dr. Tabaré Vázquez resolvió ofrecer una conferencia de prensa en la Junta Departamental. A raíz de tal decisión, los cuidadores cerraron una puerta que da al balcón en la Sala de Sesiones —¡ojo con el tiro por la espalda!— y emulando la mejor época de los Borgia, un patovica probó el agua mineral que le habían servido al Jefe del Frente Amplio. Según el mismo informante, los periodistas se salvaron de que los cachearan por poco, y sobre todo los fotógrafos, que bien pueden llevar en sus bolsos alguna bomba. Esto, en Uruguay, es realmente una comedia de discreto nivel. Aquí no hay kamikazes, aquí no hay nadie que quiera matar, herir o siquiera asustar al Dr. Vázquez.

Sólo hay una dama que quiso manosear al presidente Batlle, lo que éste ni siquiera denunció. Este es un país de libertades y de respetos. No sea que esta política patovítica, vulnere las mejores tradiciones del país.