"Inversores no aceptan que Estado les diga qué hacer"

SERGIO BERRUTTI

El presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, aseguró que un Estado que interviene más allá de establecer una seguridad jurídica, significa un freno para los inversores y que, en ese caso, éstos van a otro sitio. En una entrevista con El País, Fraga aseguró que en el mundo es más valorado el tratamiento que Uruguay ha dado al problema de la deuda que el de Argentina.

—¿No hay una contradicción entre el discurso liberal de la Comunidad Europea y la política agrícola proteccionista?

—No, no hay contradicción. La Comunidad Europea se hizo para proteger a los países que agrupaba y siempre se hizo con la convicción de que hay que salvar el mundo agrario, que no solamente es una forma de producción esencial, sino un elemento esencial de la sociedad nuestra.

—Cómo cree que pueda ser compatible eso con la propuesta de liberalizar el comercio?

—Todo el mundo entiende esto en el sentido amplio, pero a partir no sólo de la seguridad de las economías de cada país, sino de su estilo social. Sería incomprensible sin una parte, hoy ya muy pequeña dedicada a la agricultura. Pero yo sí sostengo que hay que hacerlo de forma de entender los problemas de los demás. Estados Unidos también protege su agricultura, fue el primero que lo hizo y es muy difícil imaginar un país que no lo haga.

—¿Qué resultados ha arrojado su visita a Uruguay?

—Me llevo la convicción de que el momento peor ha pasado. Para los gallegos que residen aquí los momentos peores han pasado, pero queda mucho para hacer. Hemos hablado de ayudas por ejemplo para Casa de Galicia, que le interesa lo mismo a Uruguay que a Galicia, y al mismo tiempo hemos hecho una inversión muy importante que podría haberse hecho en España, pero no lo hemos hecho. Estamos en el buen camino.

—¿Por dónde pasa la solución del problema de Casa de Galicia?

—Hay una comisión directiva seria, que sabe que tiene que hacer reformas y a partir de esas reformas, podrá solucionar con ayudas que son necesarias. Ahora no entran emigrantes jóvenes pero los viejitos siguen ahí y para eso se está trabajando. Creo en la junta actual y su capacidad.

—¿Cómo observa la emigración de Uruguay hacia España?

—La veo bien. Con una gran ventaja, ya que es necesaria dado que la natalidad ya no tiene el desarrollo que tuvo en el siglo XIX y que está aumentando el número de personas de edad y la emigración va a entrar de una forma o de otra. Mejor orientarla de países con una cultura común, que aquellos que plantean otros problemas.

—¿No está siendo muy dura la política española respecto a los requisitos que está exigiendo?

—No lo está siendo. Está siendo enormemente favorable. Primero para los hijos y nietos de emigrantes, segundo para los iberoamericanos. Evidentemente, vuelvo a decir, que partan hacia allí para no encontrar trabajo sería malo y engañarlos. Por eso es bueno que se sepa cuáles son las cosas posibles.

—Con respecto al problema de la deuda, ¿cree que se valora el tratamiento diferente que se ha hecho de este problema, con una Argentina que no paga y un Uruguay que cumple?

—Cada país tiene un camino diferente para cumplir; en principio me parece muy bien buscar condiciones negociadas, que puedan tener moras, quitas, pero las deudas se pagan.

—¿Considera que en el mundo de hoy es más valorado el criterio uruguayo o el argentino?

—Sin duda ninguna, tiene más posibilidades el modelo de Uruguay que el de Argentina en este momento.

—Respecto a la intervención de capitales privados en las empresas del Estado, que es un debate que estamos teniendo en Uruguay, ¿qué opina?

—No entiendo bien ese planteamiento. Creo que el Estado debe dar el marco y ese es su papel. En estado social de derecho pone condiciones medioambientales, sociales, pero no debe meterse a administrar.

—¿Es un freno para los inversores dar señales contrarias?

—Sin duda. Se acepta un estado de seguridad jurídica, pero no se acepta por parte de los inversores que venga el Estado y les diga qué tienen que hacer. Entonces, invierte en otro sitio.