Lula autorizó el cultivo de transgénicos, condicionado

BRASILIA

Después de más de nueve meses de debate polarizado entre diversos sectores, el gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva presentó el proyecto de ley que fija penas de hasta tres años de prisión para quien plante o comercialice transgénicos sin la autorización correspondiente. El texto, firmado por el presidente, y que llegará hoy al Congreso, intenta conciliar los intereses de los defensores de los transgénicos y de los ambientalistas.

Asimismo, otorga el poder de decisión final sobre los pedidos de autorización de actividades a un consejo de 12 ministros presidido por el jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete), José Dirceu.

El Consejo Nacional de Bioseguridad tomará en cuenta aspectos éticos, de interés nacional o comerciales, a la hora de decidir la liberación de cultivos y comercialización de los transgénicos.

En líneas generales, las actividades con productos genéticamente modificados serán autorizadas en la medida en que cuenten con la aprobación de la Comisión Técnica de Bioseguridad, a la que los defensores de los transgénicos (sobre todo, productores del sur de Brasil) querían dar la última palabra sobre el tema.

En el caso de involucrar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, las actividades con transgénicos deberán obtener licenciamiento ambiental (cuyo otorgamiento no puede durar más que un año, según el Consejo Nacional del Medio Ambiente).

En la práctica, el proyecto autoriza pero dificulta y torna más lenta la aprobación de los productos transgénicos.

Para asegurar la posibilidad de que el consumidor esté informado sobre los productos en cuestión, el proyecto refuerza la exigencia de rotulado de aquellos productos que contengan organismos genéticamente modificados.

Desde abril, un decreto del presidente Lula exige dicho etiquetamiento en los productos que contengan más del 1% ciento de transgénicos, aunque hasta ahora la medida no fue cumplida.

El proyecto de ley establece la creación de un nuevo tipo de delito, en el cual estarán encuadrados quien cultive, transporte, comercialice o almacene transgénicos sin autorización, bajo penas que van de uno a tres años de prisión.

Para el ministro de la Casa Civil, José Dirceu, el proyecto concilió los intereses, garantizando el avance científico y, al mismo tiempo, la seguridad de los consumidores. Para su colega de Agricultura, Roberto Rodrigues, que prefería una ley más ’liberal’, el proyecto de ley consensuado "no es malo para los agricultores".

A su vez la ministro de Medio Ambiente, Marina Silva, consiguió asegurar en el proyecto el principio de ’precaución’ recomendado por el Protocolo de Cartagena. ANSA