Un tema importante

Generar condiciones para captar inversión sigue siendo el gran debe de este Gobierno. Seríamos injustos y faltaríamos a la verdad si afirmáramos que el Gobierno no está haciendo nada al respecto; pero, como todo en nuestro país, las cosas se hacen demasiado lentas. La recientemente aprobada ley de fideicomiso es un buen ejemplo de un instrumento de enorme potencial que debería estar en funcionamiento desde hace mucho tiempo y que, en un escenario de ausencia de crédito, sería de mucha utilidad.

Un tema que está en el debe es el de la adecuada regulación de la participación público-privada en actividades de gestión o construcción de infraestructuras públicas.

El Estado viene desde hace años enfrentando déficit en la dotación de infraestructuras, consecuencia tanto de la falta de construcción de nuevas obras, como de carencias en el mantenimiento de las mismas. A esta realidad, debe sumarse la insuficiencia de fondos públicos en cantidad suficiente para hacer frente a esas carencias, y la inadecuada gestión de la infraestructura existente.

Para dar respuesta a estos problemas, tradicionalmente se ha involucrado al sector privado, utilizando fundamentalmente el instituto de la concesión.

Lamentablemente, algunas de estas experiencias en nuestro país no han sido exitosas. Las razones son variadas, pero bien pueden resumirse en la falta de un marco normativo adecuado para su instrumentación.

Tradicionalmente, las deficiencias normativas se han intentado suplir por la vía contractual, pero esto no es suficiente. Es necesario contar con normas legales que determinen un régimen uniforme para la aplicación de metodología adecuadas para el diseño y estructuración de este tipo de procesos; establecimiento de instancias de coordinación y determinación de las responsabilidades de los funcionarios de la Administración participantes en los procesos; como asimismo un claro marco regulatorio institucional en referencia al ejercicio de las potestades de contralor y regulación sobre los concesionarios, aspecto éste último donde recientes experiencias han evidenciado importantes carencias.

Por tanto, a nuestro juicio corresponde, por un lado, reivindicar la participación privada en la construcción, mantenimiento y gestión de infraestructuras, tanto las nuevas como las ya existentes; que, además de posibilitar contar con elementos que hoy el Estado no puede asumir y que son requeridos por la sociedad; permiten superar la antinomia público vs. privado que tanto daño nos está causando. Las distintas formas de cooperación público-privada posibilitan que el Estado reserve la titularidad de la infraestructura y la dirección del concesionario, siendo de cargo de éste la gestión y financiamiento. Pero, también hay que dejar bien en claro que, sin un adecuado sistema regulatorio, no se podrán obtener los resultados esperados. El objetivo debe ser alentar la eficacia y eficiencia en el diseño, construcción, financiación y gestión de infraestructuras y servicios públicos; en un marco de seguridad jurídica que aliente la inversión privada de largo plazo. En definitiva, el objetivo deben ser los usuarios, los contribuyentes y la comunidad en su conjunto.

Estos son los temas verdaderamente importantes y sobre los que hay que trabajar. Todavía hay tiempo.