Nuevos riesgos

Sin duda, la era de la informática ha abierto enormes posibilidades a la humanidad. La posibilidad de tener un PC facilita no solo la escritura, sino también permite el acceso a un mundo de información, a través de Internet, buscando los sitios que actúan con seriedad, como es el caso de los medios de comunicación de mayor trayectoria y prestigio. Pero, así como este tiempo ofrece excelentes posibilidades, mediante un uso apropiado de esa tecnología, también crea enormes riesgos que involucran eventuales violaciones de la privacidad de las personas y uso sin permiso de información reservada sobre las mismas, que está contenida en bases de datos. Desde el número de teléfono de una persona, hasta el nivel de gastos mensuales son informaciones que habitualmente se encuentra en bancos de datos creados por empresas y organismos.

Un informe que publicó El País en la edición dominical expuso los alcances del problema en Uruguay, donde los ciudadanos se encuentran, en esa materia, en situación de desventaja, debido a que no existe ninguna ley que determine responsabilidades o limitaciones a quienes tienen esa información en su poder.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley referido a datos comerciales, que regula el recurso de "habeas data", pero el texto todavía no ha sido discutido por el Senado.

Por ahora, de acuerdo con lo que indicaron expertos del Instituto de Derecho Informático de la Universidad de la República, el camino que tienen las personas sobre las cuales existe información incorrecta en un banco de datos es presentar una Acción de Amparo, aunque otra carencia es el hecho de que Uruguay no cuenta con una ley que establezca la diferencia entre datos que pueden ser públicos y los que son "sensibles", los que eventualmente podrían ser utilizados para provocar daño a una persona.

El tema preocupa no sólo en Uruguay, sino que es objeto de consideración en todo el mundo, debido a los aspectos delicados que implica.

Sin duda, se impone una respuesta de la sociedad, a través de legislación que permita poner a las personas a salvo de este nuevo riesgo o por lo menos, protegerlas en la mayor medida posible.