El gobierno amenaza con aplicar la ley a piqueteros

BUENOS AIRES El gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner amenazó ayer, por primera vez desde que asumió el 25 de mayo, con aplicar la ley que impide el corte de calles y rutas, en respuesta a los grupos de desocupados (piqueteros) que durante la jornada bloquearon algunos de los accesos a la capital del país.

La protesta de los desocupados tuvo alcance nacional y fue organizada en repudio a la muerte de dos jóvenes ocurrida la semana pasada en la norteña provincia de Jujuy, limítrofe con Bolivia.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió ayer que el gobierno "hará valer su autoridad con el Código Penal en la mano" si prosiguen los cortes de ruta, una modalidad de protesta que se practica en el país desde 1997, cuando la desocupación comenzó a tocar picos históricos.

El ministro rechazó que el gobierno intente "criminalizar la protesta social".

Fernández se quejó de que se utilice el método del corte de rutas y calles para, según dijo, "hacer política".

MOVILIZACION. Los cortes de ruta de ayer, desde Jujuy a Buenos Aires, fueron acompañados por una movilización hacia el Congreso Nacional.

Uno de los dirigentes de los desocupados, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (izquierdista) denunció a su vez que se está "produciendo una escalada contra los movimientos piqueteros".

La movilización principal se realizó en la localidad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires, donde la semana pasada dos jóvenes perdieron la vida, en episodios por los que hubo denuncias contra la policía.

La primera de las víctimas apareció muerta en un calabozo de la comisaría del lugar y su fallecimiento fue tildado de "suicidio", versión que despertó la ira de la población.

El gobierno nacional respaldó públicamente ayer al gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quien ordenó la cesantía de la cúpula policial y una investigación para determinar si el joven muerto en la cárcel pudo haber sufrido abusos y malos tratos. ANSA

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