El gobierno ratificó ayer en el Parlamento su firme decisión de allanar el camino para que se instale en el oeste del país una planta de procesamiento industrial de celulosa, con una inversión superior a U$S 500 millones, descartando las reacciones contrarias de grupos ambientalistas e, incluso, de autoridades de la República Argentina.

A nivel oficial se entiende que se han tomado todos los recaudos necesarios y que tanto la propia inversión como la ocupación que generará, respaldan la decisión.

El caso "está liquidado, afirmó ayer en la reunión con la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes el subsecretario de la cartera de Vivienda, Oscar Brum, quien concurrió acompañado por el director nacional de Medio Ambiente, Aramis Latchinian.

MUY ANALIZADO. El subsecretario Brum afirmó a los legisladores que el informe que respalda el emprendimiento ha sido "muy detenidamente analizado, muy meditado y estudiado" por la cartera y que es "serio" y que se han considerado todas las medidas posibles sobre eventual impacto ambiental de la plata de celulosa.

"Se han puesto una serie de condiciones de impacto ambiental a la empresa, que las ha aceptado. Por eso se ha firmado la autorización para comenzar las obras", informó Brum.

A su vez, el jerarca indicó que para Argentina "no es nuevo" el hecho de la instalación de una planta de celulosa, dado que "del otro lado del río tiene cuatro" que se encuentran en pleno funcionamiento.

Afirmó asimismo que hay denuncias contra una de ellas, sobre el río Paraná, por contaminación.

Por otra parte, Brum ratificó que el gobierno ha obtenido "todas las autorizaciones" para instalar la planta y que el tema "para nosotros está liquidado. Explicó que pese a las condiciones ambientales que serán alteradas por el emprendimiento, las autoridades han tomado todos los recaudos para su salvaguarda.

Esta semana, el canciller argentino, Rafael Bielsa, propuso crear una comisión binacional, el ministro Didier Opertti lo rechazó porque se trata de un emprendimiento nacional y no binacional y "por consiguiente sometido a nuestra legislación".

Por su lado, el ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Saúl Irureta aseguró el martes que la planta procesadora no será contaminante, pero advirtió que estará sometida a controles estrictos.

OPOSICION. Los miembros de la comisión legislativa esperan reunirse nuevamente con las autoridades del Ministerio dado que luego de la audiencia con el subsecretario, recibieron a una delegación de ambientalistas que reiteró sus críticas al proyecto y a la empresa española que trabaja en el tema.

El Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) aguardará a recoger más información antes de, eventualmente, resolver el llamado a responsabilidad política de las autoridades de la cartera.

El fiscal civil Enrique Viana pidió al juzgado de 12 turno que intime al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorio y Medio Ambiente a que informe del proyecto por el que la fábrica de celulosa Kraft de la firma Celulosas M‘bopicuá se instalará en una localidad cercana a la ciudad de Fray Bentos.

El fiscal solicitó esa información como medida preparatoria para una eventual promoción de acciones judiciales. Para hacer la solicitud consideró que en el proceso de blanqueo de la materia prima (madera) se utiliza azufre, óxido de cloro y óxido de sodio que generan efluentes contaminantes.

Viana afirmó que la gravedad del hecho está en que "los peligrosos efluentes de tal industria se los planea verter al Río Uruguay mediante un caño colector con difusores (...) en un claro impacto de todo el medio sito aguas abajo".

El funcionario explicó asimismo que esos vertidos podrían afectar el agua potable que se consume en Fray Bentos, la playa del balneario Las Cañas y las poblaciones que se encuentra emplazadas en ambas márgenes del río.

El Ministerio Público está legitimado para promover procesos en cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente.