Cifras de la emigración

DESDE 1973, la dictadura en el Uruguay determinó que una porción de los habitantes optara por emigrar, empujada por motivos políticos. Desde 1982, la caída de la tablita determinó —entonces por razones económicas— una nueva oleada de uruguayos que se alejaban del país. Desde 2002, el agudizamiento de la crisis socioeconómica ha agregado nuevas columnas migratorias a toda aquella sangría, dilatando aún más el fenómeno. A esta altura, estimaciones que abarcan ese largo y entristecedor proceso, suponen que un millón de uruguayos vive en el exterior, cifra a la que corresponde agregar ahora lo que sigue ocurriendo en la materia, con cálculos de los últimos meses que por cierto no son alentadores para quienes apuestan a seguir viviendo y trabajando en esta comarca.

LOS datos oficiales reconocen que la diferencia entre viajeros uruguayos que salen del país y viajeros que vuelven a él, ha dado en el mes de enero un saldo de 7.800 ausentes (y probables emigrantes), cantidad que en febrero fue de 3.739, en marzo 5.294, en abril 6.440, en mayo 2.473 y en junio 5.411. Pero al margen de tales estimaciones, que se formulan en base a pasajeros embarcados por vía aérea, se calcula que por vía terrestre (hacia Argentina y Brasil) existirían mayores saldos de emigración que no obtienen registros tan precisos. Para tener una idea parcial sobre esos otros sectores, la Pastoral Católica de la ciudad de Porto Alegre ha declarado que en los últimos meses "debió atender, en más de 20.000 gestiones, a uruguayos carenciados que habían emigrado por tierra en condiciones paupérrimas".

LO primero que un observador uruguayo puede pensar al respecto, y con la debida melancolía, es en la incapacidad de este país para retener a su gente y no perder por el camino un porcentaje de jóvenes casi siempre bien preparados, lo cual es un despilfarro no sólo de material humano sino de cerebros cuyo nivel universitario el Uruguay ha pagado y después pierde. Pero ese razonamiento no parece haber desvelado durante las últimas décadas a gobernantes civiles o militares, a pesar de que el país deberá pagar en calidad de vida, en niveles de desarrollo y en promedio cultural lo que está perdiendo con la gente más calificada que sigue alejándose de estas costas. No hay noticia de que exista un debate convocado con la debida magnitud, urgencia o importancia para enfrentar el fenómeno de la emigración, quizá porque los problemas mayores —éste y unos cuantos más— suelen ser inundados por la inoperancia burocrática.

POR lo pronto, como estímulo circunstancial, Canadá acaba de flexibilizar sus exigencias para admitir inmigrantes legales, rebajando (de 75 a 67) el puntaje que debe completar cada aspirante. Se estima que hay cuatro mil uruguayos radicados durante los últimos dos años en Canadá, aunque seguramente la cifra total es más alta si se suman quienes llegaron a ese país antes del 2001. También se sumarán a esa columna los que respondan ahora al plan vigente de la provincia de Quebec, por el que Canadá "solicita técnicos calificados a países como Argentina y Uruguay". Por el momento, quienes deseen aprovechar la rebaja de aquel puntaje y la apertura de ese plan, tendrán que apresurarse porque en 2004 habrá elecciones federales en Canadá, con ello cambiará el ministro de Inmigración y el nuevo titular "tendrá plenas facultades para modificar los puntajes existentes", que así podrán bajar pero también subir. Nunca se sabe.

LAS nuevas facilidades para ingresar a Canadá, sin embargo, no alivian las condiciones para conseguir trabajo una vez que el inmigrante ha sido admitido. Esas condiciones imponen al aspirante "una dosis de esfuerzo, tenacidad, conocimiento y paciencia, así como recursos económicos para mantenerse durante el tiempo de búsqueda". Aunque ahora Canadá no pide, como pedía antes, elevado conocimiento de los dos idiomas oficiales del país (inglés y francés) ni tiene la misma exigencia que antes en materia cultural, una sociedad desarrollada como la de ese país ha alcanzado niveles de competitividad muy elevados, bastante más rigurosos que los de una comarca en vías de desarrollo como la que se ha dejado atrás. También con eso debe contar el viajero dispuesto a no volver.

Muy alentador resulta el anuncio de la probable reapertura de las playas de la ciudad de Paysandú para el uso público. Dado el elevado grado de contaminación que registraban, desde hace una década y media han estado clausuradas para su aprovechamiento estival. Pero, gracias a una serie de medidas de protección ambiental, tomadas desde hace un tiempo, comienzan a manifestarse señales claras de recuperación de la calidad de las aguas. Técnicos de la Intendencia sanducera y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente vienen trabajando desde hace tiempo en forma coordinada, con el fin de seguir muy de cerca la evolución experimentada en la costa del río. Las causas de este cambio favorable en la calidad de las aguas están en el funcionamiento del nuevo colector industrial, así como en la eliminación de varias fuentes contaminantes detectadas a lo largo de la costa. Una vez más queda demostrada la importancia que tiene introducir cambios en los procedimientos, manejos y comportamientos locales, tanto de fábricas como de la población en general, si se pretende minimizar las fuentes contaminantes del aire, el agua y la tierra. Las conductas imprudentes o irresponsables de algunas personas suelen ocasionar serios perjuicios a toda la comunidad. Los espacios costeros resultan muy vulnerables a la contaminación y depredación, por lo que exigen gestiones fuertemente encaradas hacia la conservación y el uso sostenible.

En ese sentido, la Intendencia ha hecho grandes inversiones que están dando sus frutos. Paysandú estaba perdiendo parte esencial de su identidad como ciudad de río, a lo que se le deben agregar los perjuicios económicos y sociales sufridos todos estos años, en especial en el rubro turismo.