Cripto-economía

Hace más de treinta años que se trata de cuantificar en el mundo las actividades informales. Los métodos utilizados son varios, cambiantes e imprecisos: muestreos, ingresos familiares, consumo de energía, velocidad de circulación de la moneda, emisión, denominación de billetes, encuestas de hogares, mercado de trabajo, las transacciones y el circulante, comportamiento de la demanda, etc. Hasta el fecha, cualquiera de estos métodos han resultado imprecisos, lo que ha sido reconocido por el FMI hace ya algunos años, elaborando, conjuntamente con la OCDE y la OIT, una serie de proposiciones, por medio de un manual que sugiere diversas encuestas complementarias. Pero hasta la fecha, sin resultados suficientes.

La Cepal, basada en estudios de Víctor Tokman y en declaraciones de la OIT para Kenia (1972), que adoptó el concepto de "sector informal", exploró las características de ese sector: actividades poco capitalizadas, unidades productivas muy pequeñas, bajo nivel tecnológico, escaso capital humano y físico, familiares, ausencia de créditos, independencia, partidas pequeñas y transacciones en efectivo. Varias de esas condiciones han cambiado paulatinamente, existiendo hoy "mayoristas", operaciones en cheques y hasta por tarjetas, plazos y servicios voluntarios (que Toffler denomina "de prosumo").

Las causas deben buscarse en el peso del Estado, la carga fiscal, las complejas reglamentaciones y trámites, y la falta de oportunidades, de empleo. En su favor se invocan razones sociales, y hasta el BID apoyó las artesanías en nuestra región. Pero debe tenerse muy en cuenta que la economía informal actúa sin cobertura social, ni seguros, ni jubilaciones y pensiones futuras, ni protección de ninguna especie. La otra cara es que no existen controles sanitarios, ni de calidad, tanto en productos como en servicios, lo cual puede devenir en serios perjuicios para el consumidor. Se pueden vender productos adulterados o pasados de fecha, falsos medicamentos, además de instalaciones desordenadas, competencia desleal, mala imagen para el turismo, y depresión de zonas urbanas, perjudicando el mercado inmobiliario y la propia vida en las viviendas.

Por otra parte, hay grupos dominantes que se aprovechan de muchos sectores de esas economías disminuyendo los ingresos de las mismas. Son los llamados "mayoristas del mercado negro", que suelen constituirse en grupos de presión espontáneos, que operan cuando las circunstancias lo exigen. También los integrantes de los sectores informales, que no tienen sindicatos permanentes, suelen actuar ante los poderes públicos, nacionales y municipales, como grupos de presión, haciendo valer razones humanitarias y argumentos sociales.

Lo importante es que estas economías informales siguen en franco crecimiento. A fines del año 2002 se difundieron cifras de unas 500.000 personas operando en esas condiciones, con transacciones del orden de los 2.000 millones de dólares, que se sustraen al comercio registrado.

Una forma de detener ese mercado negro, que gravita además sobre la recaudación fiscal, fue el "monotributo", consagrado en el año 2001 y anunciando su control el año pasado. La verdad es que muy poco se ha logrado ya que se controlan los establecimientos registrados y no los que no están inscriptos —tarea que se cumplió en el año 1962 por medio de la Inspección G. de Impuestos, que aglutinaba todos los controles, aunque poco después se abandonaron esas operaciones. La verdad es que tal impuesto no es novedad, ya que nuestras primeras leyes de Patentes gravaban los "mercachifles", "lustrabotas", "vendedores ambulantes", "tiendas móviles", "componedores de sillas", "exhibiciones públicas de curiosidades", "troperos", "reparadores de vidrios rotos", "pescadores" y hasta "pintores de cuadros". Y no existían economías ocultas porque esos impuestos se fiscalizaban y se cobraban, en muchos casos, bajo pena de cárcel.