Comunidad internacional condena a buscadores de tesoros en el mar

ESPECIAL | MIGUEL MUTO

La protección y conservación del patrimonio arqueológico subacuático, incluyendo la situación de los llamados "cazatesoros", fue analizada por técnicos de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana (AECI), en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, en el marco de un congreso internacional de expertos en la preservación del patrimonio que se realiza en forma anual.

En la reunión, quedó evidente que la posición uruguaya con respecto al tratamiento de los hallazgos arqueológicos subacuáticos no es compartida por gran parte de la comunidad internacional.

Luis Lafuente Batanero, subdirector general de Protección del Patrimonio de AECI, expresó a El País que "España no pretende arrogarse derechos que no le corresponden sobre la soberanía de cada estado en sus aguas o sus yacimientos arqueológicos pero sí promoverá lo acordado en el seno de Unesco sobre el patrimonio que se encuentre en el fondo del mar".

Aprobada por el voto de 130 países, con abstención de 12 (entre ellos Uruguay) y negativa de 5, la Convención priorizó la sensibilización de las autoridades y la opinión pública, de los países en cuyas aguas territoriales, existan hallazgos de valor histórico y cultural. También propuso posibles vías de cooperación, entre naciones con intereses en común, para el rescate o conservación de esos bienes.

Con el objetivo de poner fin a la actividad de los llamados "cazatesoros", Unesco prohibió en forma tajante la venta del llamado patrimonio cultural subacuático, aconsejando su preservación "in situ" y actividades que permitan su disfrute a la comunidad local y el turismo.

Esa posición se sostuvo a partir de los derechos del dominio público sobre estos hallazgos y las prohibiciones existentes en materia de importación, exportación y trasferencias de propiedad de estos objetos.

Se toma como antecedente, la Convención para la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

Se trata de una reacción internacional frente a la creciente explotación comercial de esos objetos, cuyo valor se consideró inestimable. "Si existe una defensa para lo que está sobre la tierra, corresponde que exista otra para lo que subyace en los fondos marinos, con igual criterio," afirmó Luis Lafuente Batanero.

URUGUAY. En costas nacionales, como en otros sitios, el problema del expolio en el mar es creciente, debido en parte al avance de la tecnología submarina. Los instrumentos para el ejercicio de actividades submarinas se van haciendo más accesibles y a medida que el tiempo transcurre, más gente bucea y busca cosas.

Fuentes vinculadas a la actividad del patrimonio nacional señalaron que "en nuestro país la búsqueda de tesoros es aceptada y prevista legalmente, lo que puede provocar en el futuro cercano la condena de organizaciones internacionales que se movilizan en contra de estas actividades".

Uno de los argumentos manejados es que las autorizaciones administrativas para excavar o comercializar lo que se extrae del fondo marino, no guardan relación con la normativa que rige la arqueología terrestre. Por ejemplo, el Estado uruguayo no otorga por convenio a particulares, la mitad de los derechos sobre Cerritos de Indios u otros hallazgos como los obtenidos en la Colonia del Sacramento.

PROBLEMA. En las discusiones previas a la aprobación del documento de Unesco, las delegaciones oficiales plantearon las alternativas posibles ante la falta de dinero o recursos apropiados para el uso o la explotación de los hallazgos que conforman el patrimonio arqueológico subacuático.

Países ribereños, en cuyas costas existe importante cantidad de barcos históricos hundidos y que no cuentan con fondos para rescatar y conservar esos tesoros, pueden considerar su protección como prioritaria, pero en los hechos, carecen de fondos para llevarla a cabo.

Frente a ello, se planteó como alternativa, la cooperación internacional y el tránsito de recursos entre países que tienen una historia en común o intereses similares ante estos hallazgos.

La cooperación permitiría la explotación turística y cultural, que resultan actividades mucho más provechosas en lo económico. De otra forma, concluyen los técnicos, "se mata a la gallina de los huevos de oro". Se propone el rescate, conservación y exhibición de los objetos a través de mecanismos de cooperación entre países, contándose Canadá entre los más interesados.

Los expertos en patrimonio subacuático señalan que un museo especializado requiere, además de instalaciones técnicas sofisticadas en términos de conservación, estudio previo y planificación del material a exponer. En el ámbito internacional, sin los antecedentes, arqueológicos o históricos, las piezas se consideran de escaso valor.

La complejidad que demandan los trabajos en los galeones hundidos requiere de estudios, buzos preparados, inventarios, planificación e intervención del hombre para la conservación. "Se necesita dinero y si no lo hay para todo el proyecto, es mejor dejar los restos arqueológicos en el lugar hasta que se cuente con todos los medios para poder extraerlos y con garantías de su conservación," explicaron fuentes relacionadas al patrimonio nacional.

De lo contrario —agregaron— los daños por falta de información y extracción anticipada, son irrecuperables. Por citar un ejemplo, si se extraen elementos de madera que llevan mucho tiempo bajo el agua y no se cuenta con los medios de conservación adecuados esa madera se resume o desaparece en un cincuenta o sesenta por ciento. Asimismo si se comienzan los trabajos y luego no se pueden terminar, aumentan los riegos de pérdidas.

Según la posición de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana los cazatesoros obtienen sus ganancias mayores trabajando furtivamente. Una vez que hacen su negocio y recuperan los costos de la extracción, "desaparece la historia, la cultura y sobre todo la información, considerada derecho de todos," concluyeron.