Chile: ocupan 3 embajadas para protestar por DDHH

SANTIAGO - Activistas que dijeron representar a organizaciones de derechos humanos ocuparon hoy las embajadas de México, Suecia y Portugal en Santiago, para demandar "la aplicación de justicia" por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet.

La ocupación simbólica, en el marco de los 30 años del golpe que instaló a Pinochet en el poder (1973-1990), se mantendrá hasta que los gobiernos de esos países "acusen recibo" de las demandas, señaló César Quiróz, coordinador de la manifestación.

Suecia, México, Portugal y decenas de países abrieron sus embajadas a miles de chilenos que buscaron asilo tras el suicidio del presidente Salvador Allende en el palacio de La Moneda, sometido al bombardeo aéreo y el ataque terrestre de los militares, el 11 de septiembre de 1973.

Los manifestantes, en un número escaso que no fue determinado, permanecían en el interior de las legaciones, donde sus funcionarios declinaron inicialmente entregar una versión.

Quiróz explicó que los activistas exigen "la conformación de un comité internacional que aliente y supervise las medidas necesarias para la plena aplicación de justicia", en los procesos abiertos en Chile que apuntan a la responsabilidad de los militares en más de 3.000 muertes y desapariciones forzadas.

También, agregó, piden la designación de un relator "que conozca de las medidas que estudia el Gobierno chileno en materia de derechos humanos y observe el desempeño de los tribunales".

Los actos previstos para evocar el golpe de 1973 se realizarán en medio de un tenso clima, que llevó al Gobierno del presidente Ricardo Lagos a admitir "preocupación" por la violencia aislada que pueda producirse ese día.

Las conmemoraciones tendrán lugar también en medio del debate abierto en el país a partir de la propuesta que lanzó el Gobierno para reparar a los familiares de las víctimas del régimen militar.

La iniciativa aumenta un 50% las pensiones que actualmente reciben los familiares, rebaja las penas de prisión para los represores que actuaron en el cumplimiento de órdenes y colaboren con la justicia, además de agilizar los juicios por violaciones a los derechos humanos.

La propuesta, que debe ser aún ratificada por el Parlamento, fue rechazada por los familiares de la víctimas, al estimar que "consagra la impunidad".

Pero el presidente Ricardo Lagos aclaró que en Chile "no habrá impunidad" para los militares que violaron los derechos humanos, aunque también admitió que no es posible derogar una amnistía que dictó Pinochet, para dejar sin castigo los crímenes cometidos entre 1973 y 1978.

AFP