Sobre las 20 horas de ayer, finalmente los bancos República, Central y de Seguros, y la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), firmaron el convenio para la reabsorción de los trabajadores provenientes del Banco de Crédito, cerrando así una larga negociación. Como consecuencia, el conflicto que afectaba a la banca en general fue levantado.
Como se había previsto, se efectuarán llamados para contratos a término, en razón de uno por cada tres funcionarios de los bancos estatales que se hayan jubilado o se jubilen a partir del pasado 1º de junio y el tribunal designado para la selección estará integrado por un delegado del personal.
"Para el procedimiento de selección, las instituciones contratantes determinarán los perfiles laborales y los criterios de evaluación en los que se deberá ponderar prioritariamente la experiencia bancaria de acuerdo a la función a desempeñar. Los llamados para las contrataciones a término responderán a las necesidades funcionales de los servicios de cada institución contratante", dice el documento.
El convenio, denominado "Acuerdo Laboral Especial", fue suscripto en el Banco Central por su presidente, Julio de Brun, por el director del Banco República, Gustavo Michelín, por el director del Banco de Seguros, Enrique Roig y por los dirigentes sindicales Eduardo Fernández (presidente de AEBU), Manuel Negro (secretario general), Angel Peñaloza (presidente del sector banca pública), Juan José Ramos (titular del sector banca privada) y Laura Yáñez (secretaria del sector banca privada).
APORTES. Respecto a los aportes a la seguridad social, el convenio se limita a establecer que "se efectuarán de acuerdo a lo que establecer el orden jurídico vigente". Para Ramos esto implica necesariamente que los aportes se volcarán a la Caja Bancaria.
Otro punto importante que se incorporó al convenio refiere a la renovación de los contratos (que son a un año renovables). "Las instituciones contratantes, sin perjuicio de lo previsto en el Capítulo IV de la Sección 3 de la ley 17.556, se comprometen a considerar la renovación de los contratos a término, al menos por una vez, al cabo de su primer vencimiento", dice el artículo 6 del acuerdo.
La ley mencionada establece que los contratos a término en la administración pública se extinguen al año salvo que aquella haga saber expresamente su voluntad de renovación con una anticipación no inferior a los 30 días con respecto al vencimiento. En ningún caso, los contratados adquirirán la condición de empleados del Estado.
En relación a las remuneraciones de los contratados se determina que "serán las que establezca cada institución contratante, rigiéndose por el principio de igual remuneración para igual función, conforme a la escala retributiva de cada banco contratante". Estas remuneraciones se ajustarán en las mismas oportunidades y porcentajes establecidas para la generalidad de los funcionarios de las instituciones contratantes.
REVISION. Semestralmente, en junio y en diciembre, se efectuará una revisión de las vacantes producidas por causal jubilatoria. En el texto se estableció que los bancos oficiales dispondrán "por lo menos dos veces" al año las contrataciones de personal, en una cantidad mínima equivalente al tercio del total de vacantes generadas por causal jubilatoria.
Las vacantes generadas por los funcionarios del Banco de Seguros que prestan servicios no administrativos en el sanatorio de esa institución y se acojan a la jubilación no se computarán para la base de cálculo.
En la sección de Antecedentes del acuerdo se señala que el mismo se realiza a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, y siguiendo los parámetros establecidos por el decreto del pasado 29 de agosto. En ese decreto, se había instruido a los bancos públicos (con la excepción del Hipotecario) a dar prioridad a la hora de cubrir sus vacantes a los empleados del Banco de Crédito que está actualmente en liquidación.
Al 28 de febrero pasado el Banco de Crédito contaba con 670 empleados. Ramos calcula que en alrededor de 7 años serán contratados la totalidad de aquellos que en el ínterin no se jubilen.
El convenio dice en el artículo 1º que los bancos "deberán contemplar" la contratación de los funcionarios del Banco de Crédito, porque los llamados que se efectúen necesariamente deben ser abiertos porque así lo establece la normativa vigente.
AEBU había dejado claro que si ayer no se firmaba un acuerdo todo el personal del Banco de Crédito, se retiraría de la institución lo que podría haber puesto en riesgo las tareas de liquidación y, por lo tanto, el proceso de recuperación de sus depósitos por parte de los ahorristas.
En una carta enviada al vicepresidente del Banco Central, Miguel Vieytes, AEBU sostuvo que "en la única liquidación que hasta ahora los ahorristas han recuperado parte de sus depósitos es en la que se lleva a cabo en el Banco de Crédito" en cuyo cálculo de prorratas y cuotapartes trabajó personal afiliado al sindicato.
Ambas partes satisfechas
Para AEBU el balance del convenio es "muy positivo" más allá de que se verificó "algún nivel de obstáculos" que el gremio atribuye a descoordinación entre los negociadores de los bancos oficiales, según señaló Ramos. "El largo proceso de negociación pudo haberse evitado", consideró.
Michelín comentó, por su parte, que el acuerdo desde el punto de vista del BROU se enmarca "en un conjunto de medidas que apuntan a la reducción del personal, al mejor aprovechamiento de los recursos humanos y al reforzamiento del área de negocios de la institución".
Complementariamente, el BROU aprobará en los próximos días un plan de prejubilación con el que calcula que reducirá su plantilla en 350 personas y un acuerdo con el Ministerio de Economía para que la contratación de funcionarios del Crédito "no sea a costo del banco", dijo Michelín. En ese acuerdo se establecerá la forma en que se lo compensará.
El BROU calcula que absorberá unos 40 funcionarios del Crédito por año.