El ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, planteó que el conflicto que afecta a la asistencia estatal está dirigido por sectores radicales y no descartó llamar a un plebiscito entre médicos y trabajadores para dirimirlo. "Si todo el país cree que la solución es sensata, que más no se puede ir, no es posible que gente radical pueda más que todo un pueblo", afirmó el jerarca en una conferencia de prensa brindada ayer. Luego agregó que "hay una masa de funcionarios que está dirigida por gente que no responde a sus autoridades gremiales naturales".
Bonilla aseguró que apuesta a negociar en el marco de la mediación que está realizando la Comisión de Salud de Diputados, pero admitió que la convocatoria a un plebiscito puede ser una opción. "Las medidas de excepcionalidad facultan a que llegado un caso extremo, pueda llamarse a plebiscito con voto secreto y sepamos qué piensa la mayoría", apuntó. La vehiculización de esa medida debe realizarse a través del Ministerio de Trabajo. Fuentes de esa cartera consultadas por El País afirmaron que por el momento no han recibido ninguna comunicación desde el MSP. Explicaron que es una opción prevista en la ley 13.720, pero consideraron que se debe apuntar a instancias menos "traumáticas".
"IRRESPONSABILIDAD". El secretario de Estado no ocultó su visión de que las asambleas de médicos y funcionarios son decididas por grupos minoritarios. En cuanto a los funcionarios, dijo que "unilateralmente" violaron un preacuerdo firmado ocho horas antes. La referencia es a un acta que el jueves de noche suscribieron los ministerios de Trabajo y Salud, el PIT-CNT y la Federación de Funcionarios de Salud Publica (FFSP) en la cual las partes acordaron que la mejora salarial no estaba supeditada a mayor carga horaria y podría beneficiar al total de los trabajadores. "Todos vieron a los dirigentes cómo dirigieron las asambleas. ¿Cómo se puede negociar así, con esa irresponsabilidad, donde no sirven las palabras?", dijo en torno a la FFSP. La visión del MSP es que el gremio tampoco acató a los representantes del PIT-CNT.
En cuanto a los galenos, Bonilla remarcó que mientras todo el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico por unanimidad estuvo de acuerdo con la fórmula presentada, "90 médicos resolvieron por los 2.400 profesionales que no era viable".
Con respecto al acatamiento que están teniendo las ocupaciones, el ministro respondió que hay mucha presión. "El que entra a trabajar en un paro y desoye la voz gremial, Usted sabe el tipo de condena a la que se expone. Pero llegado el caso, capaz que sería bueno que se manifestaran a través del voto secreto", apuntó.
LA MEDIACION. Ayer, la Comisión de Salud recibió a Bonilla y a los dos gremios en conflicto. En esta instancia, se acordó conformar un grupo de trabajo integrado por técnicos de todas las partes que se reunirá en la mañana de hoy. Fuentes legislativas resaltaron que el trabajo "es muy difícil, porque el ministro dijo que no hay más plata y hay posturas muy duras en los funcionarios".
Hasta el momento, el jerarca no piensa en promover desalojos o un retorno coercitivo de los directores a los hospitales ocupados. Marcó que si bien dispone de la herramienta de la esencialidad, ha preferido no usarla para ver si es posible llegar a "un arreglo sensato".
Sin embargo, también dejó en claro que las ofertas de 1500 pesos y 1150 pesos para los médicos y funcionarios que menos ganan que se hicieron, son finales. "Son verdaderos ahorros de nuestro presupuesto y una ingeniería en la distribución, lo que nos permite esto. Este ministerio no puede ir más allá, y el país no puede ir más allá, porque debería crear más impuestos", enfatizó. La continuidad del conflicto, según el ministro, implica "seguir tomando de rehén a la población e intentar una subversión general que no conduce a nada".
El secretario de Estado no quiso aventurar un plazo en el que podría activar el decreto de esencialidad de los servicios, o el llamado a plebiscito. Sin embargo, afirmó que el límite estará en lo que pueda pasar con la asistencia. Narró que las inspecciones en los centros ocupados son permanentes y que los abogados del MSP abrieron investigaciones sobre diez denuncias recibidas.
Posición de dirigentes del SMU causó malestar
Por primera vez, desde que comenzó el conflicto, hubo votos a favor de la propuesta oficial en una asamblea médica. Anteriormente, la negativa había sido unánime. El viernes, si bien volvió a triunfar el rechazo a la fórmula del MSP (1500 pesos para los que menos ganan), hubo un tercio de los concurrentes que se pronunciaron a favor.
También esta vez el Comité Ejecutivo del SMU se pronunció unánimemente a favor de la propuesta y propuso una moción para aprobarla. Esta postura generó malestar en algunos de los médicos opositores. "No salgo del asombro de la votación del Ejecutivo. Desde el primer momento los compañeros plantearon que el mínimo a aceptar era de 2000 pesos. Pero el Ejecutivo acepta otra cosa. No me siento identificado. Lo digo con todo respeto", dijo un asambleísta, que fue intensamente aplaudido. Otro concurrente no ocultó su sorpresa por la posición de los dirigentes y preguntó irónicamente: "¿es ésta la misma asamblea que la de antes?". Sin embargo, el médico felicitó de todas formas al Ejecutivo por haber sido "firme" en trasladar las plataformas de la asamblea.
En especial, los que mostraron su mayor rechazo a la última fórmula, son los médicos suplentes, que reclaman la titularización de sus cargos, un planteo que inicialmente no estaba comprendido en la plataforma. Varias médicas del ocupado Centro de Salud de Ciudad de la Costa reclamaron que se le exija al MSP que regularice su situación. En la cartera hay 650 médicos suplentes que hacen guardias sin estar presupuestados. Además, marcaron su oposición a que el ministerio haga "contratos a dedo", cuando trabajan desde hace años sin estar reconocidos. "Sentimos que no tenemos cargo y que si hay un aumento, no vamos a estar comprendidos, más aun cuando estamos participando en un conflicto", dijo una de las involucradas.
Fuentes del SMU admitieron que su sensación es que en este momento los médicos están luchando más por que se regularice esa situación y por su seguridad laboral, que por el aumento económico. Sin embargo, los informantes también recalcaron que el MSP admite que ese tema debe arreglarse y que hay voluntad política para hacerlo.
Por otra parte, ahora la gremial buscará hacerle llegar una nueva contrapropuesta al ministerio, basada en la posibilidad de generar ahorros mediante la participación de los médicos en la gestión. En especial, piensan en abatir los costos de las contrataciones de CTI privados, para intentar llegar al reclamado aumento de 2 mil pesos.