Suprema Corte intervino en conflicto entre jueces penales

La decisión del juez Gustavo Mirabal de ordenar la intervención de los teléfonos del primer piso del juzgado de la calle Misiones, luego de conocer la filtración de información contenida en un expediente sobre un caso de narcotráfico que manejaba su oficina, generó un enfrentamiento con los magistrados que comparten el mismo despacho y la intervención de la Suprema Corte de Justicia, que podría derivar en el traslado de alguno de ellos.

Cuando Mirabal tomó conocimiento que una de las personas indagadas accedió a una resolución suya de un expediente que se encontraba en etapa de presumario, decidió pedirle a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) la intervención de los teléfonos que manejan los funcionarios y el de su despacho.

Según consta en la versión dada por Mirabal a la Corte, antes de disponer esa medida, avisó a los jueces Pablo Eguren y Gabriela Merialdo.

La jueza Merialdo, informó a la corporación que conoció el hecho porque el juez se lo dijo una vez tomada la medida. La jueza alegó que no compartía la decisión de su colega por considerar que podría existir una injerencia en la independencia de los magistrados que comparten el primer piso del juzgado de Misiones y 25 de Mayo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Roberto Parga dijo a El País que se trata de un problema pura y exclusivamente de relacionamiento y que espera que se solucione en la esfera del propio juzgado sin necesidad de que la corporación deba tomar una resolución.

No obstante, el magistrado dijo que la corporación sigue actuando en el tema y aún no decidió su archivo.

ENTREDICHO. En la tardecita del viernes 25 de julio, antes a comenzar con la semana del turno, Mirabal informó a Merialdo de la intervención y le comentó que uno de los indagados de un caso que investigaba apareció con una fotocopia del expediente por lo cual había dispuesto una investigación administrativa entre los funcionarios para identificar al responsable de la filtración.

Allí es donde surgen las diferencias. Mirabal dijo que antes de disponer la medida de intervenir los aparatos telefónicos comunicó a los jueces su intención y ambos estuvieron de acuerdo.

Merialdo, planteó que le preocupaba la posibilidad de que se filtraran las resoluciones tomadas durante el turno y que ello podría implicar una injerencia en la independencia del juez.

El 29 de julio Mirabal fue a la Corte a comunicar la noticia y a poner a los magistrados en conocimiento de la situación.

Al día siguiente concurrió Merialdo y le dejó por escrito al ministro Daniel Gutiérrez una relación de los hechos. El 31 de julio el ministro de la corporación la citó en forma urgente. Tras escucharla le comunicó que a la Corte le interesaba mucho defender la independencia de los jueces y le pidió que presentara por escrito los hechos a la presidencia.

El lunes 4 de agosto Merialdo y Mirabal se reunieron por separado con el presidente de la Suprema Corte.

Esta semana la Corte envió una resolución a los jueces Eguren, Mirabal y Merialdo en la que afirmaba que, sin prejuicio de nuevas resoluciones que se puedan adoptar más adelante, siguieran trabajando con normalidad e intentaran solucionar el asunto.

Fuentes de la corporación dijeron que alguno de los magistrados solicitó el traslado a otra sede.

El primer piso del edificio donde se encuentran 15 de los 21 juzgados penales, es compartido por los juzgados de segundo turno, a cargo de Mirabal; octavo, a cargo de Eguren y diecisiete, a cargo de Merialdo. Cada juez trabaja en forma separada pero comparten el mismo actuario Daniel Queijo y la actuaria adjunta María Laura Machín, y los mismos funcionarios administrativos.

Los tres juzgados penales comparten la misma oficina administrativa y cada año uno de los jueces es el jefe administrativo, este año el cargo le corresponde a Eguren.