El país de los "Atroces Machistas"

El "sí" a la cuota de mujeres en el Parlamento se impone porque faltan argumentos para negarle a ellas el derecho a participar más en la vida política. Nuestra cruda inequidad en materia de género justifica la cuota obligatoria que ya rige en Uruguay para otros casos en los que se consigue la igualdad como se debe: tratando desigualmente a los desiguales. Y la mujer no es una igual ni en el Parlamento ni en la política en general. Basta saber que el escuálido 6% uruguayo de legisladoras es la mitad de un promedio latinoamericano compuesto por países reputados desde siempre como más machistas que el nuestro.

El proyecto de ley se votó favorablemente, en general, el martes pasado en Diputados. Falta ahora la votación artículo por artículo que se anuncia complicada pues se exigen mayorías especiales para aprobarlos y todo indica que costará reunirlas. La renuencia a sancionar el proyecto no se justifica pues se trata de una propuesta cauta que otorga un tercio de los cargos a las mujeres en las planchas electorales, lo que no equivale a un tercio real en el acceso a las bancas. La ubicación en las listas resulta decisiva, y así, postularse en un tercer puesto en la hoja de Diputados, supone quedar afuera de la Cámara en casi todos los departamentos. Sólo en Montevideo y Canelones algunas listas pueden obtener más de dos bancas y habilitar el acceso de una mujer a un escaño. En el Senado, aunque las listas son nacionales, también son pocas las capaces de alcanzar tres bancas. En suma, el efecto de la ley, si se aprueba, es mínimo: se estima que agregaría un par de senadoras y tres diputadas más al magro número actual de legisladoras.

Su efecto simbólico, en cambio, es el que importa porque una norma de esta naturaleza implica reconocer un estado de injusticia. En nuestro país hay 11 mujeres por cada 9 hombres, pero esa mayoría no se refleja en el manejo de la cosa pública ya que al poder Legislativo acuden sólo 16 mujeres sobre un total de 130 legisladores, mientras que en el Ejecutivo los hombres monopolizan los cargos de ministro y subsecretario, y lo mismo pasa en la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Judicial. Las excepciones del pasado están en la alacena de las viejas glorias, junto a la ley de derechos civiles de la mujer o el divorcio por sola voluntad de ellas, normas que nos dieron una fama de adelantados en asuntos de género que ya no merecemos. Al contrario, la fama hoy es de atroces machistas, según nos calificó hace un par de años una delegada en la comisión respectiva de Naciones Unidas. De esa comisión, nuestros representantes suelen salir con la moral en jirones pues la reprobación que reciben se expresa en dicterios y en una mala nota gravitante en el Indice de Desarrollo Humano, ese ranking de países que difunde la ONU todos los años.

Algunos se oponen a la cuota porque le da al sexo femenino privilegios que pueden ser inmerecidos, capaces de postergar a hombres con mejor calificación. Otros opinan que la cuota denigra a las mujeres porque las auxilia como si fueran inferiores, necesitadas de una muleta legal. Es pura literatura. En diez países de América Latina y en otros tan disímiles como Bélgica y Taiwán, la cuota probó su eficacia al aumentar la presencia de la mujer en la política. Frente a las argucias teóricas, al interminable debate filosófico y a los temores masculinos mal disimulados, votar la cuota es lo más práctico y justo que se puede hacer a favor del principio constitucional de la igualdad.