El gobierno decidió ponerle fin a la concesión de la empresa Uragua

El gobierno anunció en el Parlamento que la empresa española Uragua S.A. no explotará más el servicio de suministro de agua potable y saneamiento para una zona del este del país, debido al incumplimiento de las inversiones acordadas por el consorcio con el gobierno.

Como parte de un informe que brindó a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, en compañía de autoridades de OSE y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, dijo que el gobierno ha resuelto propiciar "una salida ordenada" para la empresa que dejará de tener la concesión.

Como consecuencia de ello, OSE podría reasumir la tarea donde ha venido operando la empresa española, según informaron sus autoridades ante la comisión legislativa.

En ese sentido el directorio de OSE se reunirá en la tarde del jueves con el directivo de Uragua, Martín Escribano, para comenzar a coordinar el abandono de la concesión de agua potable y saneamiento en el departamento de Maldonado, anunció a El País el presidente del ente, Juan Justo Amaro.

El funcionario se comunicó ayer por la tarde con España para coordinar el primer encuentro porque se pretende que la salida sea "elegante y no deje heridas" y permita asegurar que en verano no haya ningún tipo de problema de abastecimiento en la zona balnearia fernandina.

SALIDA NEGOCIADA. El ministro Atchugarry dejó en claro que el gobierno prefiere una salida negociada en un plazo de 30 días, antes que la vía judicial. Atchugarry reconoció haber informado a la comisión sobre la existencia de "un planteo del concesionario" del servicio en cuanto a la imposibilidad de continuar con el plan de inversiones como estaba programado. El ministro dijo que comunicó a los legisladores "la decisión del gobierno de reclamar que se cumpla en plan de inversiones" y que, si eso no fuera posible, la intención de "buscar una salida ordenada.

Pero aclaró que eso lo trataría el propio organismo directamente con el concesionario.

Atchugarry precisó a los miembros de la comisión que lo ideal hubiera sido que se siguiera con el plan de inversiones pero que, frente a la realidad planteada por Uragua —una situación "no deseable" por el gobierno— debido a la necesidad de aplicar en otras áreas la inversión productiva, estimó que el problema debe ser resuelto "de la mejor forma posible".

Aclaró, de todos modos, que "el contrato no caerá automáticamente porque habrá una etapa de transición, que esperemos que no sea por la vía del litigio sino por la forma en que lo prevé el propio contrato".

Atchugarry insistió en que el planteo del gobierno en la comisión ha sido "buscar una salida ordenada que beneficie la situación del departamento" donde la empresa Uragua prestaba el servicio.

REUNION CLAVE. La reunión que sostendrán los directivos de OSE con Uragua el próximo jueves será clave en el desarrollo de las negociaciones, aseguró Amaro. "OSE está en condiciones de asumir ya el servicio desde el punto de vista operativo y técnico y no va a tercerizar la tarea. No sería serio adelantar en este momento cuando ocurrirá eso", aseguró Amaro.

Uragua había pedido en una carta enviada a OSE en la primera quincena de este mes una rebaja en el canon que debía abonar a lo que es imposible acceder, dijo Amaro.

Mencionó también que Uragua tiene "un atraso importante en las obras comprometidas para octubre de 2002" y que a esta altura resulta evidente que se le hace imposible cumplir con el cronograma de inversiones previstas porque lo que recauda le resulta insuficiente.

REACCIONES. El vicepresidente de OSE, Hugo Granucci, por su parte, se limitó a señalar que el tema está siendo manejado por el ministro de Economía. "Nosotros ejecutaremos lo que disponga el ministro", indicó.

El director Alberto Casas comentó que los servicios técnicos de OSE han señalado al directorio que el ente puede hacerse cargo de los servicios de agua potable en el departamento de Maldonado pero que deberá buscarse alguna solución para el saneamiento. "OSE no está en condiciones de afrontar la inversión necesaria para dar un adecuado servicio de saneamiento", indicó.

El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Oscar Brum, señaló que lo manifestado por Atchugarry esta en la misma línea de lo que ya se había anunciado 15 días atrás cuando Uragua envió la misiva al directorio de OSE solicitando un cambio en las condiciones del consorcio.

Aseguró que esperan que la situación quede dilucidada antes de la temporada de verano.

Hasta el momento, la empresa Uragua no emitió declaración oficial sobre los anuncios de que se retiraría de Maldonado. Fuentes cercanas indicaron que tampoco la empresa recibió una respuesta oficial a su planteo y que esa instancia debería cumplirse, antes de hablar de retirarse.

Indicaron también que la situación sería más compleja debido a que existen 160 funcionarios que trabajan en calidad de empresas unipersonales que antes eran personal técnico de OSE y que en caso de que Uragua se retire quedarían en situación de desamparo.

La decisión tuvo respuesta inmediata de la Federación de Funcionarios de OSE que convocó a un festejo "con pito y todo". El gremio convocó a una asamblea para hoy a las 11 horas en todos los puntos del país. El comunicado subraya "Chau Uragua!, Hasta siempre trasnacionales, piratas del agua!".

El pliego de la concesión firmado entre OSE y Uragua en el año 2000 prevé que los atrasos en el cronograma de obras pueden constituir una causal de rescisión del contrato.

El Estado podría recurrir el contrato si la empresa registra un atraso que pueda ser penalizado con una multa que supere las 30 mil Unidades Reajustables. La otra causal de cancelación es que la firma deje de pagar el canon por tres meses consecutivos.

En esos casos, OSE podría retener la garantía (U$S 20 millones en bonos), cobrar las multas que correspondan y hacerse cargo del servicio. Ello implicará un mecanismo judicial que puede llevar varios meses.