Domingo 20 de julio de 2003 | Año 85 - Nº 29434
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  - Editorial
El Frente Amplio y los escraches

DEBEMOS insistir sobre los escraches, en razón de dos hechos de estos últimos días, que han vuelto a traer al tapete este tema. Por un lado, el anuncio de que el ex presidente Bordaberry fue víctima de un episodio de esa naturaleza, en su establecimiento rural. Esa agresión al ex mandatario golpista fue programada para el viernes 18, quizás para celebrar así, de tan incivilizada manera, un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución de 1830.

El otro acontecimiento fue el inicio de la consideración del proyecto del senador Millor que erige en nueva figura delictiva a los escraches, acaecido el martes 15 en la Cámara Alta. "Violenta perturbación del hogar" es el "nomen juris" del proyectado delito, a cuyo tenor serían penados con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría quienes "se reúnan en las inmediaciones de un determinado domicilio para perturbar, con violencia física, gritos, insultos o injurias, la integridad personal o moral de sus moradores".

CON respecto al primer hecho, casi sobra expresar que no tenemos la mínima solidaridad con la ejecutoria política del señor Juan María Bordaberry. Tanto es así que, recientemente y por dos veces, lo hemos calificado de "presidente de chiripa" y no vacilamos en fustigar acremente su participación y responsabilidad directas en el nefasto golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Ello, precisamente, nos confiere particular autoridad para censurar este escrache, como todos, por lo que esencialmente es.

Es decir, una conducta —mejor sería decir inconducta— descarnada y brutalmente agresiva, contraria al orden jurídico porque desconoce el derecho de todas y cada una de las familias que viven en nuestro país a no ser escarnecidas y vilipendiadas públicamente, a grito pelado. Además, tal expresión ilegítima e incivilizada no deja de ser tal ni gana un ápice de justificación porque quien la sufra —como es el caso del ex presidente de la dictadura— también se haya situado al margen del Estado de Derecho y pueda merecer, en el plano ético y político, el repudio de la sociedad.

No hay buenos y malos escraches, según quien sea el destinatario de la agresión vociferante y despreciativa que tales hechos conllevan. Dicho con mayor claridad, si cabe: escrachar está siempre mal, horriblemente mal, aunque el escrachado fuera Hitler, Goering, Stalin, Beria, Somoza, Idi Amin, Trujillo o Fidel Castro.

CON respecto al debate del Senado, sobre el que algo dijimos ayer, vale la pena insistir en la oposición de la bancada frenteamplista al proyecto del doctor Millor. ¿Cuáles son las razones de su negativa a votarlo? Las razones reales, claro está, porque las que se expresaron fueron de una inconsistencia patente. Quienes practican los escraches son todos frentistas. ¿O alguien lo duda? Y frentistas de la línea dura, adalides del extremismo, la intolerancia y la justicia por mano propia. Ergo, si los senadores de la coalición votan la tipificación delictiva de esas prácticas violentas, serán —mejor dicho, serían— inmediatamente descalificados por sus correligionarios "escrachadores" y se armaría en su colectividad política un batifondo de órdago. Sin excluir, quizás, algún escrachecito contra esos legisladores.

En consecuencia, éstos se curan en salud y se niegan a votar un proyecto sensato, que sólo busca poner fin a una práctica inadmisible, de modo de que toda familia pueda vivir en paz. Y sentir que, como expresa el artículo 11 de la Carta, "El hogar es un sagrado inviolable". Pero, como no pueden votar contra el proyecto de marras sin decir esta boca es mía, sin alegar algo en defensa de sus votos negativos, aducen razones que más bien son sinrazones.

ALEGAN, así, según coincidentes versiones periodísticas del debate senaturial, que el Frente Amplio "se opone frontalmente a que se apruebe el proyecto", ya que su sanción implicaría "un grave retroceso democrático". Y añaden que el Senado no debe contribuir "a inventar nuevos delitos que son ejercicios de derechos que están en la Constitución de la República". Lo más singular de esta argumentación, errada de punta a punta, es que no la sustentó una persona ignara en materia jurídica sino un catedrático del Derecho Constitucional, con larga y acreditada carrera docente, así como con obras publicadas, que demuestran los sólidos conocimientos de su autor, el senador Korzeniak.

Es obvio que, tras esta pretendida justificación de los escraches, asoma la absurda tesis de algunos jueces penales en el sentido de que estos actos intimidatorios suponen ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento. Y como el mencionado profesor empleó el plural —"derechos"—, quizás pretenda amparar a sus violentos correligionarios con el paraguas de la libertad de reunión. Ante ello, y con carácter general, hay que recordar el socorrido aserto de que "el derecho de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás", cuya antigüedad no aminora su exactitud.

ADEMAS, ninguna libertad es irrestricta, admitiendo la Constitución, según es de sobra sabido, su limitación por vía legal y "por razones de interés general", en su art. 7. Y la libertad de expresión del pensamiento no excluye, en el art. 29 de la Carta, la responsabilidad de quienes la ejercen, "por los abusos que cometieren". Asimismo, el art. 38 de la Lex Magna sólo ampara "el derecho de reunión pacífica y sin armas", admitiendo su limitación legal en cuanto su ejercicio "se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos". Basta citar estos preceptos para hacer trizas la tesis frenteamplista. Los escraches, como es de toda evidencia, son formas abusivas de expresar el pensamiento, que lesionan el derecho al honor y a la seguridad de las personas que los sufren, menoscabadas además, a veces, en su derecho de propiedad. Trátase, por añadidura de reuniones que, sin sombra de duda, alteran el orden público.

Su tipificación delictiva, por último, no colide con el régimen democrático sino que lo afirma, por cuanto la democracia se basa en la tolerancia y supone el respeto de los derechos ajenos y el acuerdo para el disenso civilizado, todo lo cual es incompatible con la violencia agresiva ínsita en todo escrache.

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