Uragua pagó la totalidad del canon de junio y afirma que seguirá en Uruguay

La empresa Uragua abonó ayer la totalidad del canon del mes de junio, por lo cual seguirá siendo la concesionaria de los servicios de agua y saneamiento de Maldonado.

El director de OSE, Alberto Casas, confirmó sobre el mediodía de ayer que la empresa española realizó un giro de U$S 393.942. El canon está fijado en U$S 433 mil, pero se le realizó una quita de U$S 24.086 por una claúsula prevista en el contrato y otra de U$S 15.305 por descuento de impuestos.

La cláusula en cuestión marca que la tarifa para el usuario de Uragua debe ser igual que la de OSE, pero como la firma española la cobra más cara, el Estado aporta la diferencia, descontándola del canon a pagar por la empresa. La firma debe aún un saldo del mes de mayo, que según fuentes de OSE, giraría en torno a los U$S 160 mil.

CONTRALOR. Por otro lado, el directorio de OSE le solicitará a la Comisión de Contralor de la Concesión —que integra en conjunto con la Junta Departamental de Maldonado y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto— un informe del estado de las obras que debe realizar la empresa.

Casas admitió que la situación con Uragua ha sufrido un "desgaste", no sólo por los problemas para afrontar el pago del canon, sino también por los cuestionamientos vinculados a la calidad del agua y los desperfectos ocurridos en Piriápolis el año pasado. El jerarca insistió en que OSE reclamará el cabal cumplimiento del contrato y controlará la continuidad del cronograma de obras previsto.

Por su parte, el gerente de la empresa Urnai Lerma aseguró que ésta va a seguir operando en Uruguay y continuará con el plan de obras. Sin embargo, admitió que si no hay variantes en el contrato, "los números indican que no se puede cumplir a largo plazo, porque con los flujos de caja actual, especialmente los de invierno, apenas da lo justo para pagar los costos del servicio". Precisamente, en una carta enviada el lunes pasado, en la cual solicitaron a OSE la renegociación integral de contrato, los empresarios admitieron tener problemas para sostener la viabilidad del proyecto.

La reformulación del contrato de concesión planteada por Uragua implicaba la reducción del monto actual del canon y una disminución del monto original de inversiones previstas. La firma había planteado además supeditar esos montos a la recaudación de tarifas y dijo expresamente que la modificación del contrato es esencial para asegurar su viabilidad.

Sin embargo, el directorio de OSE rechazó el planteo, por considerar que implica una modificación "integral" del contrato. Fuentes oficiales aseguraron que el Poder Ejecutivo se mantendrá firme en no aceptar una renegociación de esas características hasta el final de la concesión. "Una modificación sustancial del contrato contraviene el espíritu mismo y la transparencia de una licitación", había advertido el subsecretario de Vivienda, Oscar Brum.

Si bien la efectivización del pago del canon produjo satisfacción en ámbitos oficiales, los problemas financieros admitidos por la empresa hacen temer que dentro de un mes puedan surgir nuevos inconvenientes.

REALIDAD. En la misiva enviada a OSE y al Ministerio de Vivienda, Uragua propuso reducir el monto global de las inversiones previstas originalmente en su contrato de concesión con el Estado uruguayo, de un total de U$S 200 millones pasaría a aportar U$S 85 millones.

La empresa propuso "asegurar la viabilidad" de la concesión en los próximos años en base a dos ejes básicos: "a) renegociación del plan de inversión y b) aportación de financiación de terceros". Como parte de la financiación de terceros, Uragua admite expresamente la imposibilidad de financiar el proyecto en su situación actual, y como parte de la financiación por terceros, sugiere la utilización parcial de una línea de crédito otorgada por el Reino de España que se materializaría a través del BROU, como agente financiero.

El contrato firmado entre OSE y Uragua en 2000 establece que la empresa deberá pagar un total de U$S 523 millones en los 30 años de duración de la concesión. La primera cuota del acuerdo implicó el pago de U$S 2.200.000 y la última, si el mismo continúa, será de U$S 37 millones.