El gobierno brasileño accedió a modificar algunos puntos del proyecto de reforma de las pensiones ante las presiones ejercidas por aliados y la huelga indefinida que desde ayer observan varios colectivos de funcionarios federales.
Entre las medidas que pueden ser modificadas, en particular por la insistencia del poderoso sector judicial, se encuentra la de garantizar a los funcionarios el mismo salario que tenían en activo.
A cambio de esa exigencia, los representantes del sector aceptarían el aumento de la edad de la jubilación que pasaría a 60 años para las mujeres y a 65 para los hombres y 25 años de carrera mínimo -en la actualidad, un juez puede retirarse con 5 años de carrera- y 35 años de contribución a la Seguridad Social.
El proyecto de reforma presentado por Luiz Inacio Lula da Silva el pasado abril a la Cámara de Diputados prevé un aumento de siete años en la jubilación para el funcionariado público en general pasando a 60 años para los hombres y 55 para las mujeres.
El presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Luiz Marinho, calificó de error que el gobierno mantenga la jubilación íntegra para los funcionarios, aunque existe una división en el seno de las tres principales centrales sindicales sobre el contenido de la reforma, según dejó de manifiesto el debate público realizado este miércoles en la Comisión Especial que la tramita en la Cámara.
El ministro jefe de la Casa Civil o coordinador político del gobierno, José Dirceu, dijo que las alteraciones en la propuesta deben ser también negociadas con los gobernadores, aunque no deben alterar el proyecto que se tramita en la Cámara y que ha recibido 453 enmiendas.
El ministro de las Pensiones, Ricardo Berzoini, debe presentar en la tarde de este miércoles los cálculos sobre el costo que tendría la aceptación de la integralidad de la jubilación para las arcas del estado.
Mientras tanto, la huelga convocada por la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales (CNFSF) continúa, aunque los del Banco Central en Brasilia decidieron este miércoles suspenderla, y esperan que los de Sao Paulo y Río de Janeiro también lo hagan.
AFP