Gobierno español no hará nuevos llamados para regularizar inmigrantes ilegales

El Gobierno español no abrirá un nuevo proceso de regularización para los inmigrantes sin papeles y considera que legalizar a todos los extranjeros carentes de documentos de residencia legal "crearía problemas de convivencia y de asistencia".

Así lo expresó hoy en Madrid el ministro de Interior, Angel Acebes, tras la firma de un convenio de colaboración con los Ministerios de Administraciones Públicas, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia, que simplificará la gestión del permiso de residencia.

El titular de Interior, quien destacó la dificultad de calcular el número de inmigrantes irregulares que viven en España, considera que una "acción permanente de dar reconocimiento a la inmigración ilegal sería dar la razón a las organizaciones que trafican con seres humanos", quienes prometen a sus clientes que "antes o después" serán regularizados.

El ministro manifestó su oposición a los procesos de regularización permanentes y añadió que ningún país de la UE tiene recursos ilimitados para dar trabajo, asistencia sanitaria, educación y prestaciones sociales.

El ministro reconoció que hubo procesos de regularización con la aprobación de anteriores leyes de extranjería respondiendo a un "momento histórico determinado", pero apostó por mantener la política del Gobierno de facilitar la inmigración legal y actuar "con firmeza" para evitar o reducir la ilegal.

Uno de esos procesos extraordinarios de regularización, entre marzo y julio del 2000, que recibió 245.000 solicitudes, se saldó con 150.000 respuestas positivas.

El convenio interministerial suscrito hoy prevé facilitar los trámites burocráticos que deben efectuar los inmigrantes legales para renovar su permiso de residencia y en virtud de él queda eliminada la obligación de presentar el certificado de antecedentes penales.

Al solicitar la renovación de su permiso de residencia, la Administración preguntará al inmigrante si le autoriza a gestionar por vía telemática su certificado, por lo que la persona no tendrá que hacer un nuevo trámite.

El titular de Justicia, José María Michavila, destacó la importancia del acuerdo para eliminar las colas que ahora se producen con el fin de obtener los papeles necesarios.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, expresó su convencimiento de que este nuevo acuerdo permitirá que la integración de los inmigrantes sea más rápida.

"La inmigración, apuntó Zaplana, es un fenómeno tremendamente positivo si se hace de forma ordenada, ya que de ese modo se garantiza la plena integración de personas que nos ayudan a crear empleo y a generar riqueza".

Estos pronunciamientos oficiales de producen un día después que el pleno del Congreso de los diputados rechazara las enmiendas al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno.

Aunque el Gobierno manifestó su voluntad de consensuar la nueva reforma legal con todas las fuerzas políticas, diferentes grupos de la oposición aseguraron que la redacción del texto ha adolecido de falta de diálogo y refleja el fracaso de las políticas de inmigración del Gobierno.

En su defensa del proyecto, el Gobierno cree positiva "para la sociedad y para los propios inmigrantes la reforma de la Ley de Extranjería y subraya las bondades de la inmigración legal, como el impulso a la prosperidad económica del país".

El proyecto de reforma contempla conferir al visado la consideración de permiso de trabajo y residencia; imponer nuevas obligaciones a los transportistas -fundamentalmente a las aerolíneas- para recabar información sobre el pasaje, y cambios en los procedimientos de solicitud de permisos.

También tipifica como infracción muy grave las actuaciones que favorezcan la inmigración ilegal y amplía los supuestos de utilización de procedimiento preferente de expulsión a aquellas personas que cometan delitos.

La Ley de Extranjería ha sido reformada en dos ocasiones desde que el Partido Popular (PP) gobierna en España, la primera vez en 1999 y la segunda en el 2000. EFE