Rendición de Cuentas: gobierno reiteró que no atenderá demandas

El gobierno echó por tierra ayer las aspiraciones de la oposición al ratificar que no se atenderán ni gastos nuevos ni transferencia de recursos dentro del Estado en el debate por la Rendición de Cuentas 2002, porque se pretende evitar el "descontrol" sobre los fondos públicos.

Además, en caso de que el gobierno cediera a los planteos de blancos y frenteamplistas, en la Rendición de Cuentas, que hasta el 15 de agosto se considerará en el ámbito de la Cámara de Representantes, se podría comprometer el cobro de sueldos y pasividades del Estado porque no se cuenta con recursos suficientes, dijeron a El País fuentes de la comisión legislativa que analiza el tema.

Con este plan, el Partido Colorado fijó las condiciones en que se entablará el análisis del proyecto, que llegó al Parlamento con un déficit de unos U$S 610 millones. El Partido Nacional adoptó de inmediato una actitud de "cautela" a la espera de los informes iniciales del equipo económico, aunque se cree que la actitud del gobierno responde a su deseo de que "no haya Rendición de Cuentas". En tanto que los legisladores de izquierda reaccionaron con sorpresa y malestar ante la novedad, dijeron a El País fuentes de ambos partidarias.

De todos modos, el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, ya hizo conocer esta postura del gobierno a las bancadas de legisladores blancos y frentistas.

Las comisiones de Diputados que estudiarán la Rendición de Cuentas recibirán al ministro Atchugarry y a miembros del equipo económico el martes 22, instancia a partir de la cual se comenzará a trabajar con todos los integrantes del gabinete ministerial. Las comisiones de Presupuesto y Hacienda acordaron, entonces, recibir a dos ministros cada día desde el miércoles 23 hasta completar la ronda.

Antes que concurran los integrantes del equipo económico, los diputados se tomarán un plazo de 15 días para estudiar los balances de ejecución presupuestal de las diferentes áreas tanto de la administración central como de la descentralizada.

DESCONTROL. El gobierno no se mostró muy optimista por el inicio de una negociación con los restantes partidos. El presidente de la comisión, el quincista Gabriel Pais, dijo que será "muy difícil" porque tanto el Poder Ejecutivo como la bancada del Partido Colorado están "convencidos" de que lo mejor para el país será aprobar la Rendición de Cuentas tal y como llegó al Parlamento.

Fue ratificado por los representantes del gobierno el criterio de que no se puede aumentar el gasto más allá de lo que previó el Presupuesto nacional del año 2000. De abrirse la Rendición, como lo pide la oposición, "podría perderse el control", dijo Pais, que reiteró el riesgo que correrían quienes cobran sueldos y pasividades del Estado porque no se cuenta con recursos. "El Estado no puede endeudarse más para pagar presupuestos no financiados", advirtió el legislador del oficialismo.

También, el gobierno considera "casi imposible" que se atiendan los reclamos del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) en cuanto a la posibilidad de trasponer rubros de un área a otra del Presupuesto para atender reclamos específicos.

Abonando esta postura política, en la conversación planteada ayer en la reunión se sostuvo que el 55% de los gastos del Presupuesto se destina a la seguridad social, un 20% a salarios públicos, un 10% a intereses de la deuda pública, lo que reserva un 15% para gastos e inversiones. En cuanto a las inversiones, están destinadas a las áreas de Vivienda y de Obras Públicas, se dijo, y son "menores" los rubros correspondientes a otros ministerios. En lo que refiere al funcionamiento, se aclaró que los recortes más grandes ya se llevaron a cabo y que "el esfuerzo de austeridad" que hicieron el gobierno y la oposición fueron "en las áreas que ahora se pretende reforzar".

Los representantes colorados dijeron al EP-FA que es "teórica" su intención de reasignar y que "no hay nada que hacer" en la materia.

El gobierno tampoco accederá a un pedido del Banco de la República (BROU), planteado en una carta bajo la firma de su propio presidente, Daniel Cairo, por el cual se solicitaba un refuerzo presupuestal para el Ministerio de Defensa Nacional -con destino al Comando General del Ejército- para saldar una deuda de unos U$S 10 millones que la fuerza de tierra mantienen con la entidad oficial. El BROU pidió una solución para que el Ejército pagara los adeudos contraídos por la compra de material militar de diversa naturaleza a la Federación Rusa.