El juez Baltasar Garzón pidió la extradición de 46 militares argentinos

BUENOS AIRES y MADRID | ANSA

El juez español Baltasar Garzón reiteró los pedidos de detención de 46 militares argentinos, para su eventual extradición y juzgamiento en España por "genocidio, terrorismo y tortura", informaron ayer abogados de los familiares de los desaparecidos durante la última dictadura.

El pedido de extradición impactó al gobierno de Néstor Kirchner, quien ya había manifestado su conformidad con que los tribunales locales estudiaran cada pedido de captura internacional pero no esperaba que "fuese tan pronto", admitieron voceros oficiales.

"La estrategia era paso a paso hasta lograr un consenso para que los militares argentinos fuesen juzgados en el exterior, pero esto apuró los tiempos", dijeron estos voceros.

Garzón ya había pedido la extradición de estos militares el 30 de diciembre del 2000 y el ex presidente Fernando De la Rúa, urgido por las Fuerzas Armadas, dictó entonces un decreto de "territorialidad" para impedir el juzgamiento de los ex represores fuera del país.

Kirchner estudia la derogación de ese decreto, anticiparon los funcionarios que designó en la Cancillería y en las secretaría de Derechos Humanos.

El lunes el presidente afirmó ante los jefes militares que "debe hacerse cargo cada uno de lo que hizo, sin pretender escudarse en el prestigio y la historia de las fuerzas armadas".

Los abogados Carlos Slepoy y Manuel Ollé, miembros de la Acusación Popular en el llamado Juicio de Madrid —que desde 1996 se tramita en la Audiencia Nacional de España—dijeron que, entre otros, Garzón pidió la detención de los ex generales Jorge Videla y Antonio Bussi, los ex almirantes Emilio Massera y Armando Lambruschini y del ex brigadier Omar Graffigna, todos ellos jefes principales durante la dictadura.

REELEGIDO. Bussi fue proclamado ayer alcalde de la ciudad de San Miguel de Tucumán, norte del país, por apenas 17 votos de ventaja sobre su rival peronista, hijo de un ex senador provincial desaparecido durante la dictadura.

Bussi fue gobernador militar de Tucumán entre 1976 y 1977, cuando se perpetraron 500 desapariciones en esa provincia.

El juez Garzón cursó una comisión rogatoria a Argentina para que las autoridades judiciales decreten el embargo de los bienes de 98 militares y policías procesados en la causa, por 2.648.305.000 euros.

Los únicos procesados a disposición del juez Garzón son el ex represor Ricardo Miguel Cavallo, extraditado la semana pasada desde México, y el capitán de navío Adolfo Scilingo, quien confesó haber participado de los denominados "vuelos de la muerte", cuando desde los aviones fueron arrojados al mar los desaparecidos, para que no quedaran rastros de sus cadáveres.

Garzón reiteró a petición de los abogados de la Acusación Popular la orden internacional de detención que dictó el 30 de diciembre de 2000 contra 48 militares argentinos que se encuentran en Argentina, de la que eliminó a los recientemente fallecidos Leopoldo Galtieri y Francis William Whamond.

Funcionarios de la Cancillería admitieron que "es una lástima que los abogados que tramitan la causa en Madrid se hayan apurado tanto. Hubiésemos necesitado de por lo menos de otros 15 a 20 días para ir preparando el terreno".

Estos funcionarios dijeron que "para colmo, el pedido se conoce pocas horas después de que Kirchner les dijera en la cara a los militares que deberán hacerse cargo de las violaciones de los derechos humanos, lo que parece una acción coordinada".