Decepciones recíprocas

El embajador de los Estados Unidos dijo haber sufrido una "gran decepción" por la negativa uruguaya a suscribir con su país un acuerdo que garantizara a sus ciudadanos su no juzgamiento por la Corte Penal Internacional.

Corresponde, entonces, retribuirle con su misma moneda. O sea, decirle que a nosotros —como a la gran mayoría de nuestros compatriotas— nos ha causado una gran decepción la actitud de su gobierno, de la que él es portavoz. Ya nos la había causado su anterior negativa a ser parte del Tratado que creó la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), así como el retiro de su firma del mismo, después de haberlo suscripto el ex presidente Clinton.

En este asunto hay cuestiones de forma y de fondo. Del primer carácter es la expresión pública de su desagrado, que trasunta el de su gobierno, por parte del señor embajador. Ello, como no es la primera vez que ocurre ante posiciones adoptadas por nuestra cancillería, forma parte evidente de un estilo de actuación. Un estilo heterodoxo y poco conveniente en el quehacer diplomático.

Además, el corte de la ayuda militar a nuestro país —si bien no fue Uruguay su único destinatario—, asemeja la situación a la de un niño que es puesto en penitencia por no obedecer a sus mayores. No se explicitó si este cese de asistencia fue anunciado a nuestra cancillería durante la frustrada negociación, en cuyo caso habría configurado un indebido elemento de presión, o si sólo fue una imprevista consecuencia adicional, para Uruguay. No obstante, en uno u otro supuesto, se trata de una actitud descortés. A nadie le place ser puesto en penitencia. Y a una nación, menos.

En cuanto al fondo del asunto, la pretensión estadounidense, al parecer fincaba en que nuestro gobierno se obligara a no ejercer su facultad de denunciar al Fiscal de la Corte Penal Internacional los crímenes de competencia de la misma, cuando éstos fueren cometidos en su territorio por nacionales de los EE.UU. (arts. 12 num. 2-a, 13 y 14 del Estatuto de Roma). Esta solicitud, cuyo rechazo fue bien explicado y fundado por el doctor Opertti, es incompatible con el espíritu de dicho Estatuto y con los deberes —bien entendidos—de todo Estado miembro del mismo. Así, en primer lugar, el de contribuir a que la referida Corte ejerza su competencia, sin recortársela por intereses de países que se negaron a reconocérsela.

En cuanto a la reputación de honestidad y transparencia de los jueces estadounidenses, que es cierta, invocada por el señor embajador, no es razón para desconfiar de la de los jueces de este alto tribunal, elegidos con severas exigencias que aseguran su idoneidad y rectitud, al más alto nivel.

Es obvio, para toda persona sensata, que la verdad no deja de ser tal porque no guste al gobierno de los EE.UU. Y que el error no pasa a ser acierto ni deba ser silenciado porque en él incurra el transitorio ocupante de la Casa Blanca.

Cuando el 4.12.1990 recibí al señor Bush padre, como presidente de la Asamblea General, encomié, como buen anfitrión, las conocidas virtudes de su gran nación. Pero no callé lo que sigue: "Quizás, y sin quizás, no han podido vuestros gobernantes escapar al error, en episodios lejanos y en hechos cercanos que, en tales circunstancias y en ciertas ocasiones, han merecido juicios discrepantes, tanto de nuestros partidos políticos como de los propios gobiernos nacionales". Valga este párrafo de aquel discurso, como botón de muestra de nuestra independencia de criterio, que no resignaremos ahora.