Todos somos asesinos

Jorge Abbondanza

No hace falta empuñar un arma para que alguien muera. La indiferencia, el silencio y la inactividad también pueden ser herramientas mortíferas. Cuando se conoce la suerte de los últimos pueblos indígenas sudamericanos que sobreviven hoy al margen de la civilización, se comprueba que la retórica de los gobiernos, el interés de empresas explotadoras y la inoperancia de organismos creados para preservar esa vida aborigen, son igualmente culpables de un genocidio sobre el cual se habla y se escribe muy poco, facilitando así a una mayoría del prójimo la comodidad del desconocimiento.

Conviene despabilar entonces a una masa de sudamericanos distraídos, enterándolos de que a la llegada de los europeos a este continente había en la Amazonia unos 2.000 pueblos indígenas poblados por 7.000.000 de individuos. Quinientos años después, quedan menos de 400 pueblos con 2.000.000 de personas, pero la enorme mayoría de ellos está incorporada a la civilización, casi siempre en situación marginal o en condiciones de postergación, de vasallaje y de pobreza. Las comunidades que han optado por vivir al margen del progreso traído por los blancos, suman apenas 5.000 individuos sometidos a la creciente presión civilizadora que avanza brutalmente sobre sus tierras. Ese residuo de una vida aislada y culturalmente autónoma (hay comunidades en las que sólo quedan cuatro integrantes) es lo que hoy está en peligro de extinción.

Sería bueno saber a quién le importa que en pleno siglo XXI se cometa ese exterminio. Mientras en esta misma Sudamérica nos espantamos ante el genocidio de congoleños, de armenios o de judíos europeos que han tenido lugar durante el siglo pasado, nos mantenemos casi siempre callados ante el destrozo y la matanza que están acabando con los últimos aborígenes continentales ajenos a esta cultura moderna del lucro y la depredación, actitud que nos confiere una sensibilidad hemipléjica y nos convierte en cómplices de una agonía colectiva que en teoría tiene el amparo de leyes, normas constitucionales y garantías dictadas por organismos internacionales, pero en la práctica no tiene defensa alguna.

Contra esos pueblos raleados y desvalidos operan las grandes corporaciones madereras y mineras, el oleaje de agricultores voraces empujados por una explosión demográfica, las bandas de aventureros explotadores de esa nueva frontera, ciertos grupos religiosos (como la evangelista Misión a Nuevas Tribus de Estados Unidos) y hasta los empresarios turísticos. Opera asimismo la destrucción sistemática del entorno: el Ministerio de Medio Ambiente del Brasil ha reconocido que la deforestación de la Amazonia destruyó en el año 2002 un total de 25.476 kilómetros cuadrados de selva y que en 2001 se habían perdido otros 18.166 kilómetros cuadrados de ese pulmón del planeta. Más allá del desastre ecológico que delatan esas cifras, los indígenas sobrevivientes retroceden al mismo ritmo que los árboles.

De nada sirve que en el Brasil exista la burocracia de la Fundación Nacional del Indio, que las Naciones Unidas dispongan de un departamento de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Aborígenes, que la Organización Internacional del Trabajo garantice (en el papel) los derechos de los pueblos nativos sobre su entorno físico y cultural, que a nivel oficial funcione una Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, que el estado peruano financie el Programa de Defensa de Comunidades Nativas, que a eso se agregue el emprendimiento no gubernamental del Centro de Culturas Indígenas del Perú o que en Paraguay opere el Instituto del Indígena. Todo eso sirve para prolongar una batalla perdida de antemano frente a los irresistibles intereses económicos, el desinterés de las autoridades y la lejanía en que se localiza el drama.

Así estamos. En 1973, este cronista vio en el teatro Royal Court de Londres una obra del inglés Christopher Hampton llamada Savages y admirablemente interpretada por Paul Scofield. Allí se denunciaba un episodio real ocurrido en la selva amazónica pocos años antes: algunas comunidades indígenas habían sido diezmadas cuando se les distribuyó ropa proveniente de hospitales de enfermos infecciosos, arma furtiva que demuestra lo innecesario que es utilizar balas cuando se dispone de gérmenes silenciosos. La obra de Hampton culminaba cuando una asamblea de jefes tribales en un punto de la selva, era bombardeada desde el aire para aniquilar a toda esa casta. La Embajada brasileña protestó contra el contenido de la obra, pero el Royal Court no la bajó de cartel. Han pasado treinta años desde aquel estreno y las cosas no han mejorado para los últimos aborígenes sudamericanos, arrinconados por una cultura cristiana que dice defender la vida mientras tolera, ignora o facilita un genocidio del que rara vez se habla.