La opción: ombudsman o...

El cumplimiento a la palabra empeñada es, obviamente una de las bases más elementales de la convivencia civilizada.

Imposible es concebir un ámbito de paz, de mínimo respeto, si ese principio no fuera un supuesto siempre presente en el fluir de las relaciones humanas, tanto en el andar de la vida humana así como en la de las comunidades.

Es verdad que muchas veces se quebranta, como otros principios que son también básicos para esa clase de convivencia. Su desconocimiento no le quita vigencia, sino que reafirma aún más su necesidad.

En los regímenes políticos totalitarios, en los que el dueño del poder pretende confundirse siempre con el dueño de la verdad, la intolerancia es la regla, el disentimiento un grave pecado, no se requiere acordar posiciones que no pueden ser distintas, ni pactar con aquellas que por disentir pierden buena parte de su condición humana, y todos o casi todos sus derechos.

EN los sistemas democráticos, en los que el pluralismo de actitudes y de ideas es de su propia esencia donde las verdades se hacen conscientes de la falibilidad humana, la tolerancia se hace entonces mandato, y las transacciones y pactos políticos suelen ser una ineludible consecuencia de la propia dinámica de sus gobiernos. El respeto a lo acordado, además de estar comprendido por el principio ético del honor que dispone cumplir con la palabra que se empeña, está vinculado además tanto a la credibilidad del sistema como a su eficiencia.

El 3 de abril de 2001 se firmó un acuerdo político de representantes del Partido Nacional con el intendente arquitecto Arana, para llevar adelante la ampliación de las obras de saneamiento, mediante la imposición de la tasa que las hacía posible. En esa transacción, los ediles nacionalistas se comprometían a votar los recursos imprescindibles para llevar adelante la ampliación del saneamiento y dar así un sólido respaldo a la operación ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaba el emprendimiento.

A su vez, la Intendencia se comprometía, entre otras cosas, a medidas de contralor para asegurar la correcta administración de esos fondos, así como también a la creación del Ombudsman. Debía ser un instrumento importante para mejorar la transparencia de toda la gestión comunal y para asegurar con eficacia los derechos del vecino. Su creación, por lo tanto, era un supuesto esencial de esa negociación política.

El Partido Nacional, dando una nueva evidencia que su oposición por dura que fuese, lo era contra éste o aquel gobierno, pero nunca contra el país, ni contra las necesidades de su gente, le dio al gobierno comunal, a pesar de sus discrepancias profundas, los votos necesarios para que el saneamiento llegara a zonas que carecían de él, aunque para ello tuviera que votar recursos, que eran muy gravosos e impopulares.

EL acuerdo tuvo una especial solemnidad. Por el lado del Partido Nacional lo firmaron el Dr. Javier García, integrante del Directorio del Partido, los diputados nacionalistas Gustavo Penadés, Sebastián da Silva, Beatriz Argimón y José María Mieres, en representación del sector parlamentario y los tres ediles nacionalistas Abi Saab, Maute Saravia y Martín Fernández.

"Ese convenio", como lo señaló el edil Abi Saab "generó un adelanto en cinco años para la construcción de la red de disposición de las aguas servidas y pluviales de Casabó Norte y Rincón del Cerro; y ese mismo convenio posibilitó el 5% de incremento en la inversión comunal".

El proyecto creando el Defensor del Vecino fue enviado por el Intendente a la Junta Departamental a fines del año 2001, pero hasta ahora no ha sido más que una mera formalidad engañosa, ya que ha dormido en el seno de la comisión respectiva con la esperanza tal vez, que en ese largo bostezo, se ahogara también el recuerdo del solemne compromiso asumido.

PERO no será así. Tanto los ediles como el Directorio del Partido Nacional no están dispuestos a que se prolongue sin responsabilidades, la larga omisión. Si fuese necesario, se interpelará en la Junta (siempre que no esté de viaje) al Intendente. Mientras tanto, en Maldonado, sin compromisos, ni pactos, ni intimaciones, el Intendente nacionalista Enrique Antía procedió a la creación del Instituto del Defensor del Vecino. Además de señalar un ejemplo, hizo, por contraste, recordar a los olvidadizos, la encajonada promesa.

Cuando el intendente Arana comprometió su palabra, no fue en nombre personal que lo hizo porque en ese carácter no podía asumir compromiso alguno. Comprometió los votos de su partido. La opción es entonces clara para hacer honor a su firma: o lo acompañan los votos necesarios para llevar adelante lo prometido, o rescata al menos el valor de su palabra. Bien sabe entonces lo que tiene que hacer.