BRASILIA El congreso brasileño inició ayer un período de sesiones extraordinarias en plena época de vacaciones para debatir un conjunto de controvertidas reformas capaces de cambiar profundamente el sistema de seguridad social y el tributario para allanar el camino en pos de un crecimiento más sólido de la economía.

El período extraordinario, de cuyos resultados depende gran parte de los planes de gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, costará al erario nacional unos 11 millones de dólares en salarios que recibirán los congresistas y los funcionarios del Poder Legislativo.

Al inicio de las sesiones, el presidente del Senado y ex presidente de la República, José Sarney, convocó a los parlamentarios "a trabajar con empeño en beneficio del país".

Sarney enfatizó que existe una agenda de 50 asuntos a ser analizados por el legislativo, entre ellos destacó las reformas a la seguridad social, los sistemas tributario y judicial y la adopción de medidas que garanticen la seguridad ciudadana.

Lula se reunió el lunes con los gobernadores de los estados para solicitarles su apoyo y definir una posición de consenso que dinamice el trámite de las reformas en el congreso extraordinario.

El mandatario considera que los gobernadores pueden influir en las bancadas parlamentarias "para evitar un estancamiento del debate".

CONSENSO. El jefe de la bancada parlamentaria del gobierno, Aldo Rebelo, manifestó que "la bancada oficialista no hará valer su mayoría en el congreso, lo que se buscará es el consenso con la oposición porque serán reformas que cambiarán la vida del país y lo encaminarán a su consolidación política y económica", dijo.

Durante todo julio, mes de vacaciones parlamentarias, senadores y diputados discutirán una serie de proyectos, entre los que figuran uno dirigido a prohibir la venta de armas de fuego y los estatutos de los ancianos y de la igualdad racial.

Sin embargo, el punto principal de estas sesiones será la discusión de proyectos de reformas fiscal y del sistema de previsión social en la Comisión Especial de Constitución y Justicia del Congreso.

"No dudo de que en julio lograremos el consenso necesario para que ambas reformas puedan ser votadas en los plenos de la Cámara de Diputados y del Senado en agosto próximo", dijo Nelson Pellegrino, líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la cámara baja.

OPOSICION. Pese al optimismo del diputado, correligionario de Lula en el PT (socialista), los proyectos del gobierno enfrentarán la oposición de sectores oficialistas de extrema izquierda y de otras fuerzas políticas.

El grupo que teóricamente respalda al gobierno en la cámara baja cuenta con 253 legisladores de los 513 diputados. En el Senado la base oficialista está constituida por 32 de los 81 senadores.

Una de las preocupaciones del gobierno está en el verdadero poder de los llamados "radicales" del PT, congresistas de orientación trotskista que, según distintos cálculos, pueden representar cerca del 30 por ciento de la fuerza parlamentaria del partido.

Además de esos grupos radicales, el gobierno también deberá reforzar sus puentes con otros partidos de la base oficialista, como el Laborista Brasileño (PTB), que se ha quejado de la "falta de cariño" del Ejecutivo.

Analistas políticos sostienen que una posible oferta de cargos públicos a dirigentes de los partidos insatisfechos en la base oficialista le permitirá a Lula suavizar las aguas.

"Si hubo alguna falta de cariño hacia el PTB no fue intencionada. Y si la hubo, la superaremos a la brevedad", prometió Pellegrino. AP y EFE