En las últimas horas surgieron algunas trabas a la implementación de las ideas del ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, para abatir las tasas de interés que aplican las tarjetas de créditos y los aranceles que cobran a los comercios que venden con los plásticos. El tema será tratado en una próxima reunión que el ministro mantendrá con los emisores en la que se procurará superar las divergencias.
Algunos importantes emisores de tarjetas de crédito manifestaron a Atchugarry su reticencia a bajar los aranceles que cobran a los comercios porque entienden que, en caso de hacerlo, disminuirían todavía más la rentabilidad de una actividad que no da ganancias importantes hoy en Uruguay y que en muchos casos se lleva adelante como forma de ofrecer un servicio más y no porque resulte un área de negocios muy lucrativa, según supo El País.
ARANCELES. Los emisores señalaron que si se interviene sobre los aranceles, no necesariamente se incrementará el consumo, como pretende el ministro para ayudar a la reactivación. Según los emisores, un abatimiento de ese tipo puede tener como contrapartida que ellos actúen en forma más restrictiva cuando elijan los comercios cuyas ventas financiarán. Advirtieron además que la morosidad en el sector es alta y que en algunos casos ya han debido absorber el impacto de otorgar refinanciaciones a los deudores en dólares.
Las tarjetas Oca, Master, Visa y Diners cobran, según el tipo de comercio, aranceles que oscilan entre el 4% y el 10% que no incluyen el IVA.
Como emisor de Visa, el Banco República ofrece una tasa de interés del 84% anual en pesos por la utilización de esa tarjeta que es la más baja del mercado. En el gobierno se pretende que sea un valor "testigo" hacia el que tiendan a acercarse los intereses de las tarjetas de otros emisores.
La semana pasada Atchugarry había pedido un esfuerzo a los emisores para bajar el costo del crédito y ofreció abatir del 6% al 4% la retención de IVA que deben realizar, de acuerdo con lo establecido en la ley 17.453 de ajuste fiscal de febrero de 2002.
En declaraciones a El País publicadas el pasado domingo, Atchugarry explicó que "hay medidas puntuales como el trabajo que empezamos con las administradoras de tarjetas de crédito para reducir una retención que les hace el Estado, a cambio de una disminución de intereses para los consumidores y una baja en las comisiones que cobran a los comerciantes".
BAJA SUSTANCIAL. El gobierno pretende una baja sustancial de las tasas de interés de las tarjetas que en pesos se ubican en muchos casos en torno al 150% y en prácticamente todos por encima del 100%. La intención de las autoridades es llevar ese nivel de intereses a dos dígitos.
Por otro lado, en la ley de ajuste fiscal mencionada se creó un impuesto a las tarjetas de crédito del cual son contribuyentes las entidades emisoras y no se puede trasladar este tributo a los titulares de los plásticos. El impuesto se fija en Unidades Reajustables (UR) y en el momento de su creación fue fijado en diez centésimos de UR por cada tarjeta vigente al cierre de cada mes. El valor de la UR es hoy de $ 217,19.
El Poder Ejecutivo puede establecer montos diferenciales del tributo en función del tipo de tarjeta y del volumen de operaciones. Quedó derogada para este tributo cualquier exoneración genérica de impuestos.
Los emisores han pedido una reducción de esa tasa de retención y los comerciantes por su lado piden un abatimiento de los aranceles.
Las principales tarjetas utilizadas en Uruguay son Visa (que lidera el mercado), Master Card, Oca y Diners Club.
Todavía es muy incipiente la utilización en el mercado local de las tarjetas de débito aunque Visa ha anunciado que en los próximos meses le dará una alta prioridad a su difusión, que ya está muy extendida en países cercanos como Argentina.
Las tarjetas están reunidas en una gremial denominada Cámara Uruguaya de Tarjetas de Crédito y Compra.