Vuelve el fantasma violento

LA sombra de Sendero Luminoso había ido disipándose desde que su jefe Abimael Guzmán fue capturado en 1992. Eso despejaba un poco el cuadro de Perú, embarcado en los enfrentamientos con esa fuerza clandestina desde mayo de 1980, período en el cual la violencia terrorista provocó no sólo una guerra interna sino que dejó un saldo de muertos estimado entre 25.000 y 30.000 personas. Poco después de la caída de Guzmán, otros cabecillas de Sendero Luminoso —organización de tendencia maoísta— fueron igualmente apresados y ese proceso continuó en los años siguientes, considerándose en medios oficiales que ese grupo de acción directa había quedado desactivado, aunque permanecía con plena capacidad operativa la guerrilla paralela del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que en diciembre de 1996 fue responsable del copamiento a la Embajada de Japón, tomando como rehenes a cientos de diplomáticos e invitados.

PERO ahora las cosas en el Perú no están claras. Las columnas de Sendero Luminoso parecen haber reaparecido, con un margen de reorganización que desconcierta a las autoridades y desmiente el discurso oficial sobre la evaporación de ese peligro. El 9 de junio fueron tomados como rehenes unos setenta trabajadores de un campamento de la empresa argentina Techint, ubicado en el altiplano en la provincia de La Mar (departamento de Ayacucho): esa empresa está embarcada en el tendido de ductos para el transporte de gas natural desde la selva amazónica hacia la costa peruana, y sus dependientes fueron atrapados por un destacamento de Sendero Luminoso integrado por hombres y mujeres armados, que pidieron a cambio de la liberación de los rehenes un millón de dólares, alimentos y medicinas. Aparentemente, la empresa cumplió con esa exigencia y al día siguiente los cautivos fueron liberados, mientras las fuerzas armadas peruanas desplegaban un espectacular operativo en torno al episodio.

AUNQUE tuvo final feliz, el caso volvió a sacudir a la opinión pública peruana, un poco apaciguada hasta la fecha porque las referencias de la violencia armada parecían ir alejándose: el último golpe desencadenado por Sendero Luminoso había sido la explosión de un coche bomba colocado en marzo de 2002 frente a la Embajada de Estados Unidos en Lima, atentado en el que murieron diez personas y quedaron heridas otras treinta. Pero el caso de Techint ha obligado a poner nuevamente sobre la mesa la obligación de enfrentar las provocaciones de los grupos armados, que en estos últimos tiempos han optado por operativos aleccionadores en medio de los cuales "ofrecen apoyo a las comunidades rurales para la construcción de viviendas o el trabajo del campo", pasando además videos sobre la sublevación social y las opciones ideológicas, confeccionados en Colombia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país.

LUCHAR contra fuerzas guerrilleras no sólo bien adiestradas sino cobijadas en terrenos de difícil acceso, supone por un lado el despliegue de considerables efectivos armados y por otro un gasto que el Perú ha sobrellevado trabajosamente: las pérdidas materiales derivadas del combate contra Sendero Luminoso a lo largo de veintitrés años, totalizan unos 26.000 millones de dólares, cifra doblemente impresionante cuando se piensa que la mitad de la población peruana vive en la pobreza, cuando el actual gobierno enfrenta una huelga general por tiempo indeterminado de parte de los gremios de la enseñanza y cuando a todo eso se suman los apremios dictados por los propios terroristas: ya hicieron al menos 43 incursiones en pueblos del interior en lo que ha corrido de este año.

TRAS haber decretado "el estado de emergencia, restringiendo el ejercicio de las libertades públicas y poniendo el control interno del país en manos de las fuerzas armadas" el gobierno peruano resolvió a raíz del episodio Techint reforzar "la presencia militar en los departamentos de Ayacucho y Apurimac, zonas de fuerte influencia senderista". Inevitablemente, ese país está volviendo a las turbulencias que ya conoció en sus años de fuego, durante la década de los 80. Es que la miseria popular y el abandono de la población rural se han convertido en temible caldo de cultivo para las promesas extremistas: allí hay otro desafío para el régimen de Alejandro Toledo, y otro llamado de atención para la región latinoamericana.LA sombra de Sendero Luminoso había ido disipándose desde que su jefe Abimael Guzmán fue capturado en 1992. Eso despejaba un poco el cuadro de Perú, embarcado en los enfrentamientos con esa fuerza clandestina desde mayo de 1980, período en el cual la violencia terrorista provocó no sólo una guerra interna sino que dejó un saldo de muertos estimado entre 25.000 y 30.000 personas. Poco después de la caída de Guzmán, otros cabecillas de Sendero Luminoso —organización de tendencia maoísta— fueron igualmente apresados y ese proceso continuó en los años siguientes, considerándose en medios oficiales que ese grupo de acción directa había quedado desactivado, aunque permanecía con plena capacidad operativa la guerrilla paralela del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que en diciembre de 1996 fue responsable del copamiento a la Embajada de Japón, tomando como rehenes a cientos de diplomáticos e invitados.

PERO ahora las cosas en el Perú no están claras. Las columnas de Sendero Luminoso parecen haber reaparecido, con un margen de reorganización que desconcierta a las autoridades y desmiente el discurso oficial sobre la evaporación de ese peligro. El 9 de junio fueron tomados como rehenes unos setenta trabajadores de un campamento de la empresa argentina Techint, ubicado en el altiplano en la provincia de La Mar (departamento de Ayacucho): esa empresa está embarcada en el tendido de ductos para el transporte de gas natural desde la selva amazónica hacia la costa peruana, y sus dependientes fueron atrapados por un destacamento de Sendero Luminoso integrado por hombres y mujeres armados, que pidieron a cambio de la liberación de los rehenes un millón de dólares, alimentos y medicinas. Aparentemente, la empresa cumplió con esa exigencia y al día siguiente los cautivos fueron liberados, mientras las fuerzas armadas peruanas desplegaban un espectacular operativo en torno al episodio.

AUNQUE tuvo final feliz, el caso volvió a sacudir a la opinión pública peruana, un poco apaciguada hasta la fecha porque las referencias de la violencia armada parecían ir alejándose: el último golpe desencadenado por Sendero Luminoso había sido la explosión de un coche bomba colocado en marzo de 2002 frente a la Embajada de Estados Unidos en Lima, atentado en el que murieron diez personas y quedaron heridas otras treinta. Pero el caso de Techint ha obligado a poner nuevamente sobre la mesa la obligación de enfrentar las provocaciones de los grupos armados, que en estos últimos tiempos han optado por operativos aleccionadores en medio de los cuales "ofrecen apoyo a las comunidades rurales para la construcción de viviendas o el trabajo del campo", pasando además videos sobre la sublevación social y las opciones ideológicas, confeccionados en Colombia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país.

LUCHAR contra fuerzas guerrilleras no sólo bien adiestradas sino cobijadas en terrenos de difícil acceso, supone por un lado el despliegue de considerables efectivos armados y por otro un gasto que el Perú ha sobrellevado trabajosamente: las pérdidas materiales derivadas del combate contra Sendero Luminoso a lo largo de veintitrés años, totalizan unos 26.000 millones de dólares, cifra doblemente impresionante cuando se piensa que la mitad de la población peruana vive en la pobreza, cuando el actual gobierno enfrenta una huelga general por tiempo indeterminado de parte de los gremios de la enseñanza y cuando a todo eso se suman los apremios dictados por los propios terroristas: ya hicieron al menos 43 incursiones en pueblos del interior en lo que ha corrido de este año.

TRAS haber decretado "el estado de emergencia, restringiendo el ejercicio de las libertades públicas y poniendo el control interno del país en manos de las fuerzas armadas" el gobierno peruano resolvió a raíz del episodio Techint reforzar "la presencia militar en los departamentos de Ayacucho y Apurimac, zonas de fuerte influencia senderista". Inevitablemente, ese país está volviendo a las turbulencias que ya conoció en sus años de fuego, durante la década de los 80. Es que la miseria popular y el abandono de la población rural se han convertido en temible caldo de cultivo para las promesas extremistas: allí hay otro desafío para el régimen de Alejandro Toledo, y otro llamado de atención para la región latinoamericana.