Peritos median en demandas entre médicos y las familias

| Con el objetivo de promover las conciliaciones y evitar los juicios, el SMU y la Suprema Corte firmaron convenio

La puesta en marcha de prácticas alternativas para dirimir los conflictos de responsabilidad médica y la necesidad de que la pericia sirva para explicarle al juez, pero también a la familia, en términos comprensibles lo que pasó, fueron las conclusiones acordadas por peritos forenses y abogados que participaron en las Jornadas de Actualización Pericial Médica.

El catedrático de Medicina Legal, Guido Berro explicó a El País que la jornada pretendió actualizar a los médicos peritos que trabajan fundamentalmente en casos de responsabilidad médica, en los conceptos más modernos de la peritación.

La jornada de actualización pericial médica se llevó a cabo en la sede de Urufarma durante el mes de junio y contó con el auspicio de la Asociación Uruguaya de Peritos (Aupe), la Cátedra de Medicina Legal, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Colegio de Abogados.

Berro explicó que "el método pericial es prácticamente el mismo desde el principio de la medicina legal, pero sí existen formas alternativas de resolución de conflictos, asesoramiento prejudicial de autorregulación médica o conciliación y arbitraje que no son estrictamente judiciales, y los que tenemos formación pericial, también podemos dar nuestro aporte en ese sentido para llegar a la verdad y luego a la negociación, el diálogo y si no hay acuerdo, al juicio".

Con el objetivo de promover las conciliaciones y evitar los juicios, el SMU y la Suprema Corte de Justicia firmaron un convenio.

El catedrático hizo referencia al decreto del Ministerio de Salud Pública (MSP) que establece un mecanismo de pasos a seguir en caso de que el usuario tenga dudas de un procedimiento médico.

"Ese decreto habilita la mediación, arbitraje, y no se le cierran las posibilidades del juicio pero se abre un panorama de nuevas posibilidades para no esperar siempre un juicio que implica muchos años, mucho desgaste tanto para los parientes de las víctimas como para los demandados", explicó.

Berro explicó que en estas jornadas también se buscó afinar en el concepto y la función del perito judicial, sobre todo por la relación e intercambio entre el derecho y la medicina para que los jueces y los médicos que los asesoren "hablen un mismo idioma".

EN ALZA. Berro dijo que desde 1985 a la fecha, las demandas han venido incrementándose, pero "demanda no es igual a condena, incluso los juicios por responsabilidad médica no terminan en una primera instancia, si no en segunda. Por eso llevan tantos años y las condenas son en número muy inferior a las demandas porque la demanda puede terminar también en una desestimación".

"El paciente cree entender que ha habido un error grave y no siempre es así, a veces lo que ha pasado es una desinformación, un quiebre de la relación médico paciente que ha motivado la denuncia o la demanda", sostuvo.

Afirmó incluso que probablemente el número de demandas no tenga relación con el número de errores cometidos en los actos médicos, "sino en cómo los aprecia el paciente que muchas veces acierta y otras se equivoca porque ha habido una mala relación médico paciente". Para evitar esas situaciones, en esta actividad se ha insistido que podrían ser algunos aspectos preventivos en el ejercicio médico, como el poner un mayor cuidado en la asistencia y comunicación respecto del consentimiento médico y los derechos de decisión del paciente, lo que hace al correcto llevado de una historia clínica.

Demandas en numeros

La totalidad de las demandas anuales presentadas por mala praxis en el país, corresponde a 125 millones de dólares, mientras que la deuda que tienen las mutualistas alcanza los 300 millones.

Los reclamos que hacen los pacientes son normalmente por sumas mayores a 6.000 el valor de la cuota de una mutualista (cuyo promedio es de 30 dólares).

Entre 1995 y diciembre de 2002 hubo 132 demandas por un valor de 12.706.393 dólares. De ellas 33 fueron por actos no quirúrgicos y 99 por operaciones.

El mayor número de demandas surgen a consecuencia de presunta mala praxis en ginecología (se gastan 2.813.672 dólares), seguido de oftalmología (1.992.582 dólares) y traumatología y ortopedia (1.241.932 dólares).

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