Nacionalistas desafían al máximo tribunal español

MADRID | DANIEL BELTRAN ROHR

Pese a que ya hace un mes que el Tribunal Supremo español ordenó la disolución del grupo parlamentario vasco Sozialista Abertzaleak (SA, sucesor del partido extremista Batasuna), los nacionalistas que tienen la mayoría en la cámara autonómica vasca, lejos de acatar la orden, han permitido que los representantes radicales participasen en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada ayer, y que sacaran adelante una resolución que exige la excarcelación inmediata del miembro de ETA Bautista Barandalla.

La sesión se realizó en medio de las protestas de Partido Popular y del PSOE que recordaron al presidente del legislativo, Juan María Atutxa, que dicho grupo "ya no existe" y no tiene derecho de intervención.

Así las cosas, la Fiscalía General del Estado resolvió querellarse contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa y contra los miembros de la Mesa Gorka Knorr, de Eusko Alkartasuna (EA) y Conchi Bilbao, de Izquierda Unida (IU), al considerarlos coautores de un delito de desobediencia por negarse a cumplir la orden del Supremo de disolver el grupo de SA.

En el texto de la querella que fue presentada en la sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se indica que los tres miembros de la Mesa mantuvieron una actitud "habilidosamente enmascarada" para incumplir la resolución judicial del Supremo.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró "muy correcta" la presentación de la querella, recordó que "todos los ciudadanos están sometidos al cumplimiento de la ley" y añadió que la decisión de la fiscalía hace que todos "ratifiquemos nuestra confianza en el Estado de Derecho. La resolución del Tribunal Supremo tendrá que ser cumplida y quien no la cumpla, se tendrá que atener a todas las consecuencias".

DESAFIO A LEGALIDAD. El enfrentamiento entre la Cámara y el alto tribunal español se ha ido acentuando ante la clara negativa de los nacionalistas a cumplir el mandato utilizando argucias para desobedecer, como fue el hecho de someter la decisión de acatar o no la resolución primero a la Mesa del parlamento en la que la que PNV, EA e IU votaron a favor de la disolución y luego votaron en contra cuando la consideró la Junta de Portavoces donde entró SA "cuyo voto fue además determinante del resultado final alcanzado" según el Tribunal Supremo.

Atutxa entonces comunicó al Supremo que era imposible disolver SA y la Sala Especial del Tribunal Supremo respondió en un auto aprobado por unanimidad, decretando el embargo "de cuantas subvenciones o fondos, públicos o privados, pertenezcan al grupo parlamentario autonómico disuelto, así como de los saldos de las cuentas corrientes que éste pudiera poseer en cualquier entidad de crédito". Asimismo requirió al Interventor General del Parlamento vasco, "bajo apercibimiento de responsabilidad personal", para que realice las actuaciones oportunas para conseguir "el reintegro de cuantas cantidades hayan sido entregadas al referido grupo", al que considera "disuelto a partir del día 20 de mayo de 2003", así como "para que se abstenga de abonar cantidad alguna en lo sucesivo".

También requiere al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, para que "de inmediato adopte las medidas necesarias para retirar el grupo parlamentario disuelto del disfrute de cuantos locales y medios materiales les fueron asignados".

RESPUESTA "SOLEMNE". Los nacionalistas además de permitir que un representante de SA participaran en la reunión de la comisión de Derecho Humanos, estudian conjuntamente con IU la posibilidad de llevar al pleno del Parlamento de Vitoria el conflicto con el Supremo para que la Cámara dé una respuesta "solemne" a lo que consideran "inadmisibles injerencias del Tribunal Supremo en la autonomía del Parlamento vasco".