"Si la ley de Ancap..."

El manido tema de los sucesivos aumentos en el precio de los combustibles vuelve una vez más al tapete como consecuencia de anuncios realizados en ese sentido desde distintas esferas de gobierno. No hay dudas que tanto el efectivo aumento en el precio de los mismos, como los mensajes de posibles incrementos futuros no solamente conspiran contra la ansiada reactivación económica, sino que además desmoralizan y desmotivan a productores y potenciales inversores que no se animan a arriesgar en tanto no tienen las certezas mínimas imprescindibles para proyectar y actuar.

Desde el Partido Nacional tuvimos la precaución de adelantarnos al problema en el momento mismo en que éste empezaba a desnudarse claramente ante el país, y ofrecer una solución de fondo de manera de asegurarle a la producción nacional no solamente las referidas e indispensables certezas, sino también los instrumentos que llevaran a los combustibles a un valor normal y adecuado a la coyuntura.

Seamos justos; no solamente nosotros avizoramos el problema. La enorme mayoría del espectro político nacional tomó rápidamente conciencia de la situación y, sobre la base del proyecto por nosotros presentado, comenzó a aportar sus ideas que culminaron en la aprobación de la ley de Ancap, hoy en trámite de referéndum.

Blancos, Colorados y Partido Independiente, aprobándola con su mano levantada; Asamblea Uruguay y la Vertiente Artiguista apoyándola con su intelecto y voluntad, pero con su mano baja por razones de disciplina partidaria.

Si esta ley no hubiera sido impugnada, hoy 19 de junio del 2003, la refinería de La Teja estaría terminada, con su capacidad ampliada para producir combustibles, con mayor mano de obra empleada en el transcurso de los últimos tiempos.

Si hoy la ley de Ancap se estuviera implementando, tendríamos un socio de primer nivel aportando capital y tecnología, y generando nuevos mercados en los que comercializar el excedente de combustibles que el país produce y que, en mayor proporción produciría, con la nueva refinería.

Si la ley de Ancap no hubiera sido impugnada hoy produciríamos nafta sin plomo, y no tendríamos necesidad de importarla como lo venimos haciendo desde que este nuevo producto que protege el medio ambiente apareció en el mercado.

Si hoy la ley no fuera motivo de recurso, nuestro socio productor de petróleo nos estaría abasteciendo seguramente a precios inferiores a los que nos vemos obligados a salir a comprarlo en cada oportunidad y, por consecuencia, no nos veríamos sometidos a los continuos aumentos en el precio de los combustibles.

Si no nos hubieran recurrido la ley, dentro de pocos meses y tal como lo fijaba su propio texto en forma expresa, el precio de los combustibles en el Uruguay alcanzaría el nivel de paridad en la región que en muchos rubros está sensiblemente por debajo del que al consumidor uruguayo se le cobra cada vez que tiene que comparecer ante una estación de servicio.

Lo que es más triste todavía; si la ley tuviera plena vigencia, todos los empleados de Ancap —aun aquellos que se incorporaran a la nueva sociedad— tendrían asegurada su fuente de trabajo hasta el día de su jubilación, tal como se le garantizaba en su texto, cosa que hoy, ni ellos ni nosotros podemos garantizar porque la empresa uruguaya Ancap no tiene futuro si no se le dan los instrumentos correspondientes.

Por esos y otros motivos vamos a defender la ley. Pero que quede claro, el costo de su no implementación ya lo estamos pagando caro.