Agua vital

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2003 como Año Mundial del Agua Dulce. Su intención es concentrar la atención pública mundial en un elemento vital para la supervivencia, la seguridad y el progreso de la humanidad.

Alrededor de 800 millones de personas habitan zonas áridas o semiáridas donde el agua es escasa o inaccesible. La demanda mundial por agua continuará creciendo en las próximas décadas, como resultado del aumento cuantitativo de la población mundial y de importantes cambios cualitativos producidos por el desarrollo económico y social. La población mundial pasó de 2.550 millones de habitantes, en 1950, a 6.078 millones en el año 2000, y se estima que llegará a los 7.835 millones para el 2025. En la actualidad, la mayor parte del agua extraída por el ser humano está destinada a la agricultura, pero se anticipa un incremento significativo en la demanda industrial (la cual podría pasar de los 752 kilómetros cúbicos anuales de hoy en día a unos 1.170 para el 2025). Para ese momento, dos tercios de la población mundial habitará en regiones con dificultades para el suministro de agua.

Todo ello constituye un desafío global formidable. Es muy natural sentir simpatía y preocupación por las regiones que padecen dificultades críticas para satisfacer la demanda por agua dulce de sus habitantes. Pero, al definir las estrategias para el manejo racional del agua dulce es imprescindible tener presente la situación particular y los desafíos concretos que enfrenta nuestro continente, América del Sur, nuestra región, la Cuenca del Plata, y nuestro país, el Uruguay.

El agua dulce es un elemento de características muy especiales: es un bien de uso común, limitado, renovable, con mucha frecuencia compartido y cuyo uso puede conducir a conflictos de intereses.

Las fuentes de agua dulce siempre han sido consideradas como un bien que, por sus propias características no puede ser objeto de propiedad por las personas y que debe encontrarse sujeto a un marco jurídico especial para asegurar su conservación y racional aprovechamiento. Otro factor importante es que el suministro del agua muchas veces se encuentra lejos de los puntos de consumo, lo que hace necesario realizar obras para su transporte, almacenamiento y distribución.

En 1968, un economista norteamericano, Garrett Hardin, en un artículo titulado "La tragedia de los bienes comunes", señaló que las cosas que no tienen un propietario, sino que pertenecen, indivisas y en común, a una determinada comunidad, están condenadas a ser sobre-explotadas y agotadas. Cada persona procurará a extraer para sí el máximo provecho posible de la explotación del bien común —por ejemplo de una fuente de agua o de una pesquería— sin sentirse motivado a administrarlo racionalmente. El resultado generalmente será el agotamiento del recurso.

El control y la administración del agua, considerada como un res communis, se encuentra en la base de muchas de las grandes civilizaciones antiguas; basta recordar el caso de la Mesopotamia, los sistemas de regadío de los aztecas y las enormes obras públicas emprendidas por los romanos. En algunas regiones todavía funcionan —y muy bien— instituciones creadas hace muchos siglos por los vecinos del lugar para administrar la limitada agua disponible. Tal es el caso de las huertas de Valencia, en el Sur de España, que se remontan a la época de la dominación árabe. Al mismo tiempo, lo sucedido recientemente en Canadá, con la pesquería del bacalao del Atlántico norte, demuestra como aún las sociedades más ricas y avanzadas pueden equivocarse en la administración de un recurso común y, sin realmente desearlo, causar su depredación y agotamiento.

La naturaleza de bien común de los recursos de agua dulce ha planteado desde siempre importantes desafíos para su manejo racional y sustentable. A ello es necesario agregarle otras dos características: se trata de un elemento limitado y renovable. Pero esta es otra historia...