Jueces de la Corte Suprema presentan batalla a Kirchner

BUENOS AIRES | ANSA y EFE

El gobierno argentino acusó ayer a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de estar "emparentados con el delito", en una ofensiva política sin precedentes que busca la remoción de los integrantes del desprestigiado tribunal, cuyo presidente dijo sin embargo que continuará en el cargo.

En sintonía con esa ofensiva, la Cámara de Diputados acordó ayer iniciarle un proceso de juicio político a Julio Nazareno, presidente del máximo tribunal, que está muy desprestigiado.

El presidente Néstor Kirchner lanzó la noche del miércoles una inédita campaña pública contra la Corte cuando pidió al Congreso que remueva a "uno" o a "algunos" de sus miembros.

La Corte Suprema es uno de los organismos más desprestigiados del país según los sondeos.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados acordó ayer iniciar el procedimiento de juicio a Nazareno, que ingresó al tribunal de la mano de Menem y es oriundo de la provincia de La Rioja, como el ex mandatario.

MAL DESEMPEÑO. El diputado peronista Ricardo Falú, presidente de esa comisión, afirmó que "existen pruebas que acreditan el mal desempeño" de Nazareno y estimó que el pedido de juicio político podrá ser tratado en el recinto a comienzos de julio.

El bloque radical (principal fuerza de oposición) afirmó ayer en conferencia de prensa que apoya el pedido de remoción de la Corte Suprema formulado por Kirchner y coincidió en que hay "causales suficientes" para enjuiciar a Nazareno.

En un gesto que el gobierno consideró de altanería y soberbia, Nazareno había afirmado el martes al periodismo que no renunciaría y ayer dijo desafiante que "si el gobierno quiere convocar a un plebiscito, que lo convoque".

La Corte Suprema tiene en sus manos algunas causas que podrían poner en jaque la economía nacional, como la posible reconversión a dólares de los depósitos bancarios pactados originalmente en esa moneda y que fueron convertidos a devaluados pesos por decreto del gobierno.

Esto multiplicaría las demandas impulsadas por miles de ahorristas que exigen que se "redolaricen" sus ahorros, lo que podría llevar a la quiebra a varios bancos y afectar en el mediano plazo el lento proceso de recuperación de la economía argentina tras cuatro años de aguda recesión.

La Corte Suprema también estaría demorando deliberadamente un fallo sobre la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que a fines de la década de los ochenta exculparon a centenares de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.

Las Fuerzas Armadas han presionado para que ambas leyes sigan en vigor.

MAJESTAD. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo ayer que Nazareno "definitivamente no está en condiciones de soportar el peso de la majestad de la justicia" y le acusó de decir "sandeces que no tienen otro sentido que condicionar el desarrollo del Gobierno".

La posibilidad de convocar a una consulta popular para que la sociedad se exprese a través del voto sobre la Corte Suprema es un mecanismo que el gobierno de Kirchner se reservó para el caso de fracasar el juicio político en el Congreso, dijeron fuentes oficiales.

Voceros del bloque peronista precisaron que la estrategia del oficialismo —en sintonía con el gobierno— "será avanzar paso a paso y uno a uno, sin linchamientos mediáticos, pero yendo a fondo".

"Esta vez es una campaña a muerte, sin marcha atrás", agregaron.

De prosperar el juicio político contra Nazareno, el segundo en la lista será Carlos Fayt, revelaron voceros del bloque oficialista, pues se trata de un miembro de la Corte que ocultó que tenía un depósito en dólares atrapados en un banco mientras analizaba demandas de los ahorristas por el "corralito".

La Corte Suprema, como es su costumbre, se atrincheró en el último piso del edificio de tribunales después de la embestida del gobierno y, pese a sus diferencias, intentó brindar una imagen de unidad.

Algunos de sus miembros manifestaron su intención de renunciar, pero le enviaron al Congreso el mensaje de que no dejarán sus sillones "si es por la fuerza", comentaron voceros de la Comisión de Juicio Político.

BUENOS AIRES - El presidente argentino Néstor Kirchner ordenó a la Secretaría de Inteligencia que difunda informes hasta ahora reservados sobre el mortífero atentado antisemita que en julio de 1994 destruyó una mutual judía.

De esta forma, la justicia tendrá acceso ahora a información que se considera clave en el esclarecimiento del ataque, que dejó 85 muertos y al menos 200 heridos.

La decisión de Kirchner responde a un pedido de los familiares de las víctimas así como también de los responsables de la Asociación de Mutual Israelita Argentina (AMIA).

"Es la noticia casi más trascendente que ha ocurrido en estos nueve años", dijo a los periodistas Abraham Kaul, presidente de la AMIA.

Hasta ahora pesaba sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) un decreto presidencial que impedía a cinco directivos y 14 agentes declarar ante la justicia. Al mismo tiempo que mantenía en secreto datos sobre el atentado.

En un tribunal oral en lo penal se lleva adelante desde hace dos años el juicio contra una decena de acusados, casi todos ex policías, por su conexión local con el atentado. No se los acusa del ataque propiamente dicho, sino de haber facilitado a los terroristas la camioneta utilizada como coche bomba para demoler el edificio de ocho pisos de la AMIA.

Con el levantamiento de la prohibición, los agentes de inteligencia podrán presentarse a declarar y así dar a conocer aquellos aspectos del atentado que todavía son un interrogante.

La semana pasada informes periodísticos revelaron que la SIDE pudo tener conocimiento del ataque contra la mutual judía 48 días antes de que se perpetrara a partir de un mensaje procedente de la Embajada argentina en el Líbano a un representante del organismo en la Cancillería. AP