El pato

La estructura de los gastos de la Administración Central es confusa, con grandes diferencias entre los diferentes organismos y niveles muy bajos de inversión.

La estructura de los gastos de la Administración Central, presenta un panorama confuso, con grandes desigualdades en los niveles de las remuneraciones del personal para tareas similares y donde la preparación del funcionario no siempre es una garantía para cobrar un sueldo mayor. Un reciente estudio muestra que los sueldos, en general, solamente representan el 25 % de la compensación que percibe el funcionario; el 75 % restante consiste en compensaciones, premios y partidas de los más diferentes tipos. El 89 % de lo que gasta la Administración Central son gastos de funcionamiento. Los Ministerios solamente destinan, en promedio, el 8,8 % de sus gastos, "con destino directo a la sociedad", explica la nota en El País (25 de mayo).

Las variaciones entre los niveles de las remuneraciones son notables. En un promedio general —existen diferencias significativas entre los Ministerios— el personal administrativo cobra aproximadamente lo mismo (9.744 pesos) que los profesionales universitarios (9.823 pesos). Incluso, en tres Ministerios (Defensa, Salud Pública y Vivienda) los administrativos ganan más que los profesionales universitarios. En general, las remuneraciones en la Administración Central son bajas, a pesar de que sus funcionarios tienen a su cargo algunas de las tareas esenciales del Estado, incluyendo defensa, policía, salud y cultura.

Algunos sostendrán que los sueldos más bajos estarían compensados por otros elementos, como el encontrarse sujetos a un régimen laboral muy especial. El 84,7 % de los 95.041 funcionarios en la Administración Central son presupuestados y alrededor del 15 % restante son funcionarios contratados (aunque estos contratos suelen ser renovados año tras año). Sin embargo, la relación entre los funcionarios presupuestados y los contratados varía de un organismo a otro. Casi la totalidad de los funcionarios de Cancillería es presupuestado; en el Ministerio de Turismo el 25,4 % de los funcionarios son pasantes o becarios.

Los premios al desempeño merecerían un capítulo aparte. Parecería que el Ministerio de Economía es especialmente afortunado en este respecto. No solamente cuenta con una alta cantidad de funcionarios ejemplares (567) sino que los recompensa con mayor generosidad (13.720 pesos por funcionario). En total se premiaron a 782 funcionarios, lo que representó una erogación de nueve millones de pesos.

El costo de cada funcionario se divide en dos grandes componentes: las remuneraciones (sueldos, compensaciones, premios, partidas especiales, etc.) y los correspondientes gastos de funcionamiento. En promedio éstos últimos ascienden a 4.544 pesos mensuales por empleado e incluyen conceptos como combustible, teléfono, electricidad, viáticos, etc. Por algún motivo, el Ministerio de Educación y Cultura es el que más gasta en electricidad y Economía en teléfonos.

Es difícil encontrar aunque sea un atisbo de lógica y organización en este panorama. Seguramente, lo que primero llama la atención es la cantidad importante de funcionarios (y estos representan menos de un tercio del número total de funcionarios públicos) y el monto de los gastos globales. Un examen más paciente también sugerirá que la mayoría de los funcionarios de la Administración Central reciben remuneraciones que bien podrían describirse como magras. Ello, a pesar de que muchos tienen la responsabilidad de cumplir con cometidos realmente importantes. Estos datos explican, en muy buena medida, el multiempleo, con todas sus consecuencias funcionales y personales. En estas circunstancias, lo realmente maravilloso es que la organización funcione tan bien, a pesar de lo tan mal retribuidos que están sus funcionarios. Algo que habla muy favorablemente de la gran mayoría de quienes trabajan en la Administración Central.

El estudio que sirvió de base para la nota solamente, lamentablemente, no incluye a los entes autónomos y servicios descentralizados, el Poder Judicial o los gobiernos departamentales. Esta es una limitación importante. Sería conveniente que los ciudadanos —que son quienes pagan por el pato con sus impuestos y otras alcabalas y gabelas— tuvieran la oportunidad de conocer como se reparte el gasto en los demás sectores del Estado y los Gobiernos Departamentales.