Déficit fiscal bajaría si enviaran al seguro de paro a 100 mil estatales

ALVARO GIZ

El presidente de la Cámara de Comercio, Horacio Castells, cuestionó la presión fiscal que enfrentan los empresarios uruguayos, dijo que es "la principal limitante" para el crecimiento y para disminuirla propuso enviar al seguro de desempleo a 100.000 funcionarios estatales.

En entrevista con El País, Castells afirmó además que el gobierno del presidente Jorge Batlle no logró disminuir el peso del Estado y aseguró que esta y anteriores administraciones "en vez de decir no puedo pagar y me tengo que achicar", buscaron "de dónde pueden sacar más, lo que ha llevado a un crecimiento sistemático de la presión fiscal" en el país.

Asimismo, el empresario se declaró decididamente opuesto a que se apruebe una nueva ley de renfinanciación para deudores porque "ningún país serio lo hace".

—¿Como presidente de la Cámara de Comercio, siente que el gobierno está tomando medidas para reactivar el mercado interno?

—No veo señales. El gobierno tuvo que hacer un esfuerzo muy grande en todo el tema de la reprogramación para solucionar los problemas financieros. Pero esos no son los problemas del país. En el mundo entero, las empresas tienen limitantes para crecer y la principal es la presión fiscal. Después le sigue el crédito, que en Uruguay es caro, que a las empresas las ancla o las funde. Y si esas situaciones no las corregimos, las empresas no van a crecer. Pero el factor principal es la presión fiscal. Uruguay no puede tener 23% de IVA y 3% de Cofis, más el Impuesto a las Retribuciones Personales, a las comisiones, a la Renta de la Industria y el Comercio, a las frutas y verduras. ¿Y para qué se han creado todos estos impuestos? Para sostener el Estado. Y el gobierno, en vez de decir no puedo pagar y me tengo que achicar, siempre miró de dónde puede sacar más, lo que ha llevado a un crecimiento sistemático de la presión fiscal. Los funcionarios públicos han ido creciendo en el gobierno central, en las intendencias, en las empresas estatales.

—Entonces, ¿no cree que el gobierno del presidente Batlle haya logrado disminuir el peso del Estado, que fue un planteo electoral?

—Realmente no. La reducción se está haciendo a traves de los salarios pero no de la cantidad de funcionarios. Además, esa es una reducción que estamos haciendo todos los uruguayos. Acá hay que tener valentía y decir "nos equivocamos, tenemos 100.000 empleados públicos de más".

—A ese razonamiento se contraponen los que preguntan cómo se asume el costo social.

—Es muy simple, se les paga un seguro de paro durante dos años a esos 100.000 funcionarios de los que se prescinde. Además, hay muchos funcionarios que en sus fojas de servicios tienen observaciones que ameritarían su destitución si se fuera estricto con ellos. Los empleados públicos deberían ser los mejores y los más capacitados. Este ajuste debería ser algo normal, en Nueva Zelandia, cuando hicieron el ajuste politico sacaron el 70% de la plantilla de empleados públicos. Pero en Uruguay, todos los gobiernos, aún los militares, aumentaron la cantidad de funcionarios públicos. Porque la Intendencia de Montevideo podrá decir que bajó el número de empleados, pero fue porque tercerizó una cantidad de servicios. Y todo eso, como no alcanzan los recursos, deriva en aumentos de impuestos. Cada gobierno que asumió hizo un ajuste fiscal y creó nuevos impuestos.

—¿Y por qué cree que el gobierno y los politicos no hacen nada para remediar la situación?

—Porque están demasiado atados a lo que dirá la gente, porque con esa medida, hay 100.000 que estarían en contra. Si los mandamos al seguro de paro durante dos años el costo del Estado bajaría.

—Usted habla del costo político...

—Y claro que hay un costo político. Los uruguayos nunca queremos hacer nada a pesar de que las cosas caen por su peso.

—Pero esa forma de pensar parece que es muy fuerte en la sociedad uruguaya, porque cada vez que se ha querido hacer una reforma estructural termina en un plebiscito.

—Y por eso que estamos así. No solo los políticos son responsables. Los empresarios también lo somos.

—¿Por qué?

—Porque nosotros tampoco hacemos mucho.

—¿Y qué cree que pasaría si se decide enviar esa cantidad de funcionarios públicos al seguro de paro?

—Mire, a mi me gustaría que me dieran esa oportunidad, porque eso me permitiría insertarme en la actividad privada y crecer. Aca no hay vuelta, si no se hace eso, por más que reprogramemos los bonos y hagamos lo que sea, el Uruguay no sale.

—¿Usted se lo ha planteado al presidente Batlle o al ministro de Economía, Alejandro Atchugarry?¿Lo escuchan?

—Sí, pero se trata de un gobierno que ha estado tremendamente agobiado.

—Pero usted no respondió si lo escuchan...

—Yo creo que no. Creo que estas cosas el gobierno o un presidente de la República las deben saber. Tal vez las Cámaras hemos cometido el error de no decir estas cosas como teníamos que decirlas. Pero más que eso, antes que escuchados, debemos ser consultados porque los empresarios somos los que damos el trabajo y a eso es a lo que tiene que aspirar un gobierno. Dennos las condiciones. El sector agropecuario esta bien porque se las dieron. Y no se las vayan a cambiar, al contrario, que se las mantengan y que se tomen otras para mejorar a los que no están bien.

—Ahora, un gobernante puede alegar que dentro del gasto del Estado está el costo de las pasividades y ese no se puede tocar...

—Es un gasto que en la medida que no se adopten otras acciones, va a ser cada vez mas difícil de sostener porque los jóvenes se van y lo mayores nos quedamos. Entonces, tomemos las medidas cuanto antes.

—¿Dentro de esos 100.000 funcionarios que usted suprimiría, toma en cuenta también a las Fuerzas Armadas?

—También, ni que hablar. Yo pregunto, ¿Uruguay necesita tener efectivos en el Congo o necesitamos que esos individuos estén en Uruguay cuidando nuestra seguridad interna y dándole condiciones de vida estables a los extranjeros que quieren venir a instalarse acá? El país necesita muchos más policías que militares. Esa ecuación es ilógica y tiene que revertirse.

—Después de la crisis bancaria el crédito en Uruguay prácticamente se ha cerrado ¿Cómo ha afectado la operativa del comercio?

—El crédito se ha cortado y las tasas que piden, no se pueden pagar. No existen empresas que puedan pagar tasas tan altas para su funcionamiento normal.

Además, sistemáticamente el Estado ha tenido que soportar leyes de refinanciación o el pasaje de las carteras pesadas a los bancos estatales. Y eso, después se traslada al otorgamiento de créditos. El que paga en tiempo y forma termina pagando más por la acción de los otros.

No podemos seguir con esas medidas porque siempre alguien termina pagándolas.

—Por lo que veo usted está en desacuerdo con las refinanciaciones para deudores.

—Totalmente en desacuerdo. Creo que esas acciones son las que sistemáticamente han provocado un encarecimiento del crédito. Pero claro, queda mucho más lindo decir "lo perdono" o "le doy más plazo".

—Pero en eso los políticos también tienen responsabilidad.

—Y claro. Cuando el Estado da más plazo, a alguien se lo saca. Nadie regala nada. O se lo saca a otros tomadores de créditos con tasas de interés o se lo saca a la gente a traves de la impuestos. Ningún país serio lo hace.

—¿Cómo se ve desde su gremial el accionar que ha tenido la Aduana durante este gobierno?

—Bueno, vemos que (Víctor) Lissidini hizo una gran gestión en la Aduana. Sé que ha sido criticado por muchos actores, pero uno que lo ve de afuera lo ve diferente. Me gustaría que le preguntara a cualquier empresario que tenía problemas con el contrabando y le va a responder que quiere una persona con el perfil del doctor Lissidini.

Además, creo que el contrabando se controla con medidas y con represión. Y hay un ejemplo muy claro, cuando Uruguay tuvo la epidemia de aftosa el comercio del litoral mejoró porque se puso a los militares a controlar las fronteras.

Pero lo grave del contrabando, es el informalismo. Nosotros tenemos arancel cero con Argentina y Brasil, o sea que el valor es el mismo si uno lo trae de contrabando o importado legalmente. La diferencia está en que cuando lo traemos de contrabando lo vendemos sin IVA, sin impuestos, lo que configura evasión fiscal.

—¿Y se ha hecho todo lo necesario para combatir el informalismo?

—Creo que no se ha hecho y que los uruguayos en general no hemos hecho nada para terminar con la economía informal. No se hacen los controles. Para instalarse en una feria de Montevideo hay que pedir autorización a la Intendencia, pero, ésta, a su vez, no chequea si el feriante se afilió para pagar el monotributo. Es fundamental pedirlo porque si no se está habilitando a un informal.