Comercial: falta de recursos podría demorar investigación

Los problemas económicos del Poder Judicial podrían dificultar los pasos siguientes de la investigación del Banco Comercial ya que no hay rubros para pagar traductores públicos que harían falta para librar las órdenes de captura internacional y para citar a los accionistas extranjeros.

Luego de resueltos los primeros procesamientos de seis ex gerentes del Comercial, Compañía General de Negocios (CGN), y de un corredor de la Bolsa, el juez José Balcaldi deberá librar las órdenes de captura internacional. Eso lo realizará la próxima semana, según dijo el magistrado a El País.

Además deberá librar exhortos a las autoridades judiciales de Estados Unidos, Alemania y Suiza por intermedio de la Suprema Corte de Justicia para tomar declaración a Briam O’Neill (J. P. Morgan), Holger Sommer (Dresdner Bank) y David Mulford (Credit Suisse). Esos escritos deberán ser traducidos a los idiomas de cada país.

Balcaldi dijo que esos exhortos no pueden ser enviados en español y que se necesita pagar por lo menos dos traductores.

Distinto es el tema de los peritos que realizaron una pericia contable ya que previamente se resolvió que correría a cuenta del Banco Central de Uruguay (BCU). Balcaldi dijo que el pago a los peritos se va a resolver cuando el BCU esté en condiciones de hacer frente a ello.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Roberto Parga dijo ayer en El Espectador que la situación del Poder Judicial actualmente es deficitaria y que no tienen rubros para hacer frente a ese tipo de gastos.

No obstante señaló que se harán todos los esfuerzos para que la investigación no se detenga.

INVESTIGACION. La investigación presumarial sobre la estafa del Banco Comercial por la que se resolvieron el domingo siete procesamientos, determinó que Carlos Rohm ayudado de su hermano montó una verdadera "ingeniería financiera" por medio de contabilidades paralelas y falsificaciones que causaron un perjuicio al sistema financiero uruguayo de 600 millones de dólares.

Según consta en el auto de procesamiento del juez José Balcaldi, elaborado de acuerdo con el dictamen de la fiscal Cristina González, a los que El País accedió, esas maniobras se comenzaron a realizar desde que los Rohm adquirieron el banco en 1990 y se siguieron realizando hasta que la institución fue intervenida por el Banco Central y cesadas sus autoridades en enero de 2002.

Haciendo lugar al pedido de la fiscal el juez decretó además el pedido de extradición de Carlos Rohm.

González argumentó su pedido en que los delitos que le imputó: estafa y uso de certificado falso tienen una pena privativa de libertad mínima de dos años, y que Uruguay tiene jurisdicción internacional ya que el perjuicio patrimonial principal fue sufrido por el Banco Comercial (BC) y la CGN entidades de intermediación financiera uruguayas.

Además el juez decretó ampliar la declaración de catorce personas vinculadas a las maniobras entre las que se encuentran ex directores del BC y abogados de un estudio que trabajaba para el grupo Rohm, responsabilizados por la denuncia del BCU de las maniobras.

Hasta el momento ninguno de los abogados defensores de los siete procesados apeló el auto de procesamiento. Algunos defensores incluso adelantaron a El País que no apelarán la decisión del juez José Balcaldi de iniciar proceso a los ex gerentes de la organización empresarial "sin cuya acción u omisión no hubieran podido realizar el fraude", como consideró la fiscal Cristina González.

El abogado Ronald Herbert que es defensor de Oficio del auditor de San Luis Financial, José Medeiros no apelará el procesamiento. Tampoco lo hará Víctor Dela Valle que defiende al corredor de la Bolsa, Ignacio Rospide.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que debido a que los delitos por los que fueron encausados los cuatro procesados sin prisión son excarcelables las defensas podrían obtener que sean puestos en libertad antes, si no apelan que si lo hacen.