Bogotá - Un escándalo mayúsculo de corrupción, que involucra a 147 militares colombianos, fue denunciado por el comandante del Ejército, general Carlos Ospina, quien reveló que los uniformados se apropiaron de una enorme suma de dinero perteneciente a las FARC, estimada por la prensa en 14 millones de dólares.

Ospina señaló el lunes que tres oficiales, 16 suboficiales y 21 soldados habían sido capturados y que otros 107 se hallaban prófugos, varios de los cuales se entregaron este martes a las autoridades, según confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Mora, quien no precisó el número.

"Se han entregado en distintas partes. Hay varios que quieren colaborar con la justicia, que quieren dar información e inclusive devolver el dinero, indicó Mora".

El hecho ocurrió el pasado 18 de abril cuando los uniformados descubrieron un escondite con varios recipientes repletos de dinero pertenecientes, al parecer, al estado mayor de las FARC, en una operación desarrollada en las selvas de la localidad de San Vicente del Caguán (sur).

"Es difícil tener que salir ante la opinión pública para reconocer un hecho tan lamentable como este, pero como comandante del Ejército no puedo permitir que sucedan estas cosas, que personas a las que se les han confiado misiones y responsabilidades actúen de esta manera y engañen al país", dijo Ospina.

El oficial indicó los militares prófugos son buscados, aunque no descartó que algunos hayan sido engañados por sus superiores para que participaran en el ilícito.

"Según nuestros inspectores, algunos fueron obligados y engañados por los comandantes, otros han confesado el hecho y se han arrepentido, pero en todo caso lo que quiere el Ejército es que se haga justicia", agregó.

Ospina señaló que una parte mínima del dinero robado se ha recuperado, pero dijo desconocer la cifra exacta que fue encontrada por los militares, que, según versiones de prensa, ascendería a unos 42.000 millones de pesos (14 millones de dólares).

El jefe del Ejército atribuyó a actitudes extrañas de los uniformados implicados el inicio de la investigación, ya que, indicó, una vez trasladados de la zona de operaciones a la sureña ciudad de Popayán presentaron algunos comportamientos disciplinarios injustificados, y otros invirtieron parte del dinero en la compra de costosos electrodomésticos y joyas.

"Ya estando en Popayán, ellos presentaron actitudes extrañas y algunas disciplinarias. Se presentaron varias renuncias masivas, otros solicitaron vacaciones, otros licencias y no regresaron. También se dedicaron a hacer compras grandes y muy lujosas, y eso llamó la atención de los superiores", aseveró.

Este martes, el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, reclamó la expulsión inmediata de los implicados de las filas del Ejército y solicitó a las autoridades respectivas que éstos sean juzgados por traición a la patria y no por el delito de peculado por apropiación.

Por su parte, la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, llamó a los colombianos a mantener la confianza en las Fuerzas Armadas, pese al escándalo.

"Quiero llamar a los colombianos a que, a pesar de esta falla humana, confíen en las Fuerzas Armadas. El Ejército, al igual que las demás fuerzas, es una institución en la que tenemos una base muy importante de nuestra democracia", dijo.

A su turno, el fiscal general, Luis Camilo Osorio, no anticipó el tipo de delito por el que deben ser acusados los uniformados, pero aseguró que éstos deben ser investigados por la justicia ordinaria y no por la penal militar.

Entretanto, la Procuraduría General (Ministerio Público) anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra los implicados y designó un delegado para el proceso penal.

El escándalo se produce en un momento en que el presidente Alvaro Uribe ha señalado la necesidad de cerrar filas en torno al combate contra las guerrilleras FARC y ELN y los paramilitares de extrema derecha. AFP