Menos fondos y más asentamientos

Soledad Acuña - Carina Novarese

Se dijo que eran U$S 100 millones pero al final se acordó que fueran 110. Parecía una cantidad más que considerable de dinero para atender la regularización de muchos asentamientos, un fenómeno que a fines de los 90 ya se había convertido en una realidad que rompía los ojos y desafiaba cualquier intento de solución por parte de las autoridades.

Luego de más de tres años de trabajo, el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) –solventado en gran parte por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, ya terminó 10 asentamientos, seis están en obra, seis más en la complicada etapa de licitación y unos 50 esperan "en carpeta", en diferentes procesos de evolución.

El PIAI estima que el programa, que durará hasta 2006, logrará dar mejores condiciones de vida a los habitantes de unos 75 asentamientos. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que datan de 1999 y se basan en el Censo de Población de 1996, dicen que en ese momento había 412 asentamientos en todo el país, 370 de ellos en Montevideo.

Ahora nadie sabe con precisión cuántos hay pero todos concuerdan en que son más.

En Montevideo, el departamento más afectado por esta "estrategia" habitacional, la Intendencia ha relevado un total de 390 asentamientos. Y advierte que el ritmo de crecimiento es demencial. En menos de cinco años se crearon en Montevideo 42 nuevos asentamientos irregulares.

El ritmo de regularización, en tanto, parece no ser suficiente para compensar la enormidad de un fenómeno con infinidad de causas pero de difícil resolución. Y el ritmo es, justamente, uno de los puntos de fricción entre el gobierno y la Intendencia de Montevideo, con acusaciones cruzadas y razones esgrimidas de cada lado. Estas no carecen de lógica pero hacen poco para explicar al uruguayo promedio por qué en tres años y medio se regularizaron solo 10 asentamientos y otros tantos están en proceso, por qué el Parlamento recién esta semana comenzó a considerar un proyecto de ley para que los habitantes de los asentamientos ya regularizados puedan ser además propietarios de los lotes que ocupan y por qué las licitaciones tardan tanto tiempo merced a la "arquitectura" de las normas administrativas uruguayas o a la mayor o menor celeridad de los funcionarios del gobierno o de las intendencias.

EL DINERO. María Laura Rey, coordinadora del PIAI, niega que el dinero del BID haya ido a ningún otro lugar que a los asentamientos. El BID libera partidas cuando el programa las solicita y puede dar prueba de que ya gastó lo anterio. Además, por un complicado sistema administrativo, el BID no libera dinero si el gobierno uruguayo no hace lo mismo con la contrapartida nacional, que es justamente la que está trancada.

Para más complicaciones, el PIAI depende de lo que le permite gastar el presupuesto nacional, que año a año asigna el tope de gastos. En los últimos años, sin embargo, se ha recortado la partida previamente asignada.

Según explicó Rey, el PIAI es en si mismo un programa que proyecta, da las condiciones y acerca el dinero, pero no ejecuta. Esto le corresponde a las intendencias de todo el país, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte, dependiendo de dónde se encuentre ubicado el asentamiento en cuestión y de qué organismo del Estado sea propietario de los terrenos que fueron ocupados.

Rey dice que el PIAI no está en falta y ha hecho las cosas "muy a tiempo", pero que los ejecutores son los que se demoran a la hora de licitar.

La Intendencia en tanto –que ha protestado reiteradamente a través del intendente Mariano Arana por la "discriminación" a la que se ha sometido al departamento en materia de regularización–, considera que si bien el programa es bueno, los recortes de presupuesto lo hacen ineficaz.

Según evaluó Daniel Espósito, coordinador de la Intendencia de Montevideo de la comisión especial de atención al PIAI, si el gobierno continúa aplicando el programa que financia el BID con "lentitud", los 75 asentamientos que forman parte del plan recibirán el dinero en el 2025. "Falta la plata. El gobierno no puede cumplir con su plata. Nosotros no podemos encaminar proyectos que después no se van a poder pagar".

Para este año el PIAI tiene previsto invertir cinco millones de dólares. Según Espósito la IMM sólo podrá ejecutar dos de los programas propuestos. "Para la Intendencia el programa es uno de los más nobles que tiene el gobierno. Pero si van a realizar un recorte de gasto en todo el Estado deben priorizar y jerarquizar los lugares donde se va sacar dinero. El PIAI no puede entrar en un recorte global", comentó.

MUCHOS MAS. Según cifras de la IMM, hay 36 asentamientos de Montevideo que ya fueron aprobados por el PIAI para ser regularizados, aunque por ahora solo en uno se terminaron las obras y estas están por comenzar en dos más (La Boyada y Las Malvinas). De los que aún esperan, la IMM dice haber presentado los proyectos de 17 de ellos a fines de 2001; otros cuatro fueron elevados en 2002 y 12 en 2003. En el caso de Montevideo deben agregarse 11 asentamientos más que dependen del Ministerio de Vivienda. Hay dos asentamientos, de los que formaron el grupo inicial, que están desde el año 2001 porque el Ministerio no ha llamado a licitación. Nueva España, por ejemplo, es un asentamiento de Montevideo en el que en 1999 había 239 hogares. Para Rey, está "pronto" para licitar desde 2001 pero el Ministerio de Vivienda no ha terminado el procedimiento. El caso de dos asentamientos de Salto fue diferente; fueron presentados al mismo tiempo que Nueva España, porque todos formaron parte del grupo inicial, pero en el caso de los salteños las obras ya terminaron hace más de un año.

Rey resume idas y venidas diciendo que "éste es un programa complicado" porque incluye un aspecto social, pero antes de la obra OSE, UTE, Juntas Departamentales, intendentes y ministros, el Iname, el Ministerio de Salud Pública, el Codicen y hasta diferente ONG’s y fundaciones deben arobar los proyectos.

Inicialmente, en base a los 110 millones de dólares con los que se pensaba contar, el Programa había calculado que llegaría a abarcar unos 10.000 hogares en, tal vez, unos 100 asentamientos, aunque hay algunos que tienen 50 hogares y otros que llegan a 1.000 o más. Hasta fines del 2002 el BID había enviado 7,5 millones de dólares. Y este año el PIAI podrá gastar unos cinco millones de dólares más, según lo establece el presupuesto y si no hay nuevos recortes.

Los técnicos del PIAI calculan que en este ejercicio de gobierno se terminarán invirtiendo, en total, unos 35 millones de dólares en los asentamientos. Eran 110 millones.

El PIAI comenzó en marzo del año 2000, con la concesión por parte del BID de un crédito de 77 millones de dólares, cuya contrapartida nacional era de 33 millones.

En marzo de este año hubo una cancelación de préstamo por parte del gobierno de Uruguay, por un monto de 20 millones, con lo cual el aporte del BID bajó a 57 millones.

Los fondos no llegaron todos juntos sino que lo hacen gradualmente- Las partidas que puede gastar el PIAI están determinadas en la ley de Presupuesto del año 2000.

El presupuesto, sin embargo, no se fija en dólares sino en pesos uruguayos. En 2002, por ejemplo, el PIAI tuvo una autorización para gastar 209 millones de pesos, de los que luego de los recortes a los que fue sometido el programa quedó en 114 millones.

Para el 2003 la ley de Presupuesto autorizaba el gasto de poco más de 232 millones de pesos, pero con los recortes esta cifra quedará en 172 millones. No se descarta nuevos abatimientos.

En menos de cinco años se crearon en Montevideo 42 nuevos asentamientos irregulares. Según los registros de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) actualmente hay en la capital 390 predios ocupados ilegalmente.

Para la comuna, el incremento de asentamientos es moneda corriente ya que varias veces al mes debe modificar el mapa donde están ubicados. Según el coordinador ejecutivo de la comisión especial de atención al PIAI, Daniel Espósito, la fotografía de ese mapa "cambia constantemente". En 1998 más de 130.000 personas vivían en asentamientos; en el 2003 la cifra ascendió a 300.000. Del total de asentamientos que hay en todo el país el 83% está en Montevideo.

Espósito explicó que actualmente existen dos tipos de asentamientos; los que se forman con personas que son "expulsadas" de la ciudad por problemas económicos. "Son personas que se quedan sin trabajo, les bajan los ingresos, generan grandes deudas y no pueden pagar ni una pensión", comentó.

En los últimos seis meses en Montevideo cerraron 15 pensiones. "Estas personas llegan a los asentamientos con determinados códigos e intentan construir sus viviendas mediante los ahorros que pueden generar porque dejaron de pagar las cuentas", agregó.

Y están los predios que se ocupan de manera irregular apoyados por grupos económicos, sociales o políticos. "Hoy en día existe la especulación inmobiliaria en torno a los asentamientos y la política juega un papel importante en cada uno de ellos. Hay grupos que promueven la ocupación", dijo Espósito. Agregó que muchas veces es el propietario mismo quien junta varias familias y fracciona los terrenos para alquilarlos o venderlos.

Explicó que si un juez actúa al poco tiempo que se realiza la ocupación la Policía puede desalojar pero que si se dejan pasar varios meses las familias llegan a construir y después es "imposible" retirarlos de allí. "Una vez que la persona realiza una inversión, así sea en bloques para desalojarlos hay que conseguirles otra vivienda", agregó.

Mientras tanto, los barrios históricos de Montevideo "se quedan sin gente". Según los registros de la Intendencia entre 1985 y 1995 la zona de Cordón, Ciudad Vieja, Barrio Sur y Reducto perdieron un 25% de la población. Se estima que en la capital hay 45 mil viviendas desocupadas.