Gobierno colombiano defiende su operación de rescate de rehenes pese a críticas

El gobierno de Colombia defendió hoy la fallida operación de rescate de un gobernador, un ex ministro y ocho militares, que terminaron asesinados por la guerrilla, y pese a las críticas dijo que no renunciará a más acciones de ese tipo en el país con más secuestros en el mundo.

"Estuvieron muchos años en la selva sin esperanza y el gobierno lo que hizo fue tratar de sacarlos de allí vivos, de evitar que se siguieran pudriendo en la selva, que es lo que les estaba pasando", dijo el vicepresidente Francisco Santos.

"El gobierno tiene la obligación constitucional y legal de devolver a la libertad a todo colombiano que la tenga restringida de manera ilegal, como sucede en el caso de los secuestros. En ese sentido el gobierno cuando tenga la oportunidad de rescatar un secuestrado lo va a hacer", agregó.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país, asesinaron el lunes a balazos al gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria; al ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y a ocho militares que mantenía secuestrados en medio de la selva y a quienes el gobierno intentaba liberar.

Los rehenes asesinados por la guerrilla eran parte de una lista de al menos 75 personas declaradas como "canjeables" por las FARC, que buscan intercambiarlas por miles de guerrilleros presos.

La fallida operación de rescate, en la que participaron unidades especializadas en la lucha contra la guerrilla, con apoyo de helicópteros, generó polémica y críticas por supuestos errores tácticos y de planificación del ejército.

Expertos en temas de seguridad opinaron que no se debieron usar helicópteros para desembarcar las tropas cerca del campamento en donde estaban los rehenes porque se perdió el factor sorpresa y se alertó a la guerrilla.

A esas apreciaciones se sumaron las súplicas de los familiares de rehenes "canjeables" que aún están en poder de las FARC, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quienes pidieron al gobierno no realizar en el futuro operaciones de rescate para evitar poner en riesgo sus vidas.

Los altos mandos militares han guardado silencio frente a la polémica y las críticas por los posibles errores tácticos y se han limitado a decir que fue una operación altamente profesional, con hombres expertos y entrenados.

Santos respondió a las críticas y dijo que aunque lamentablemente se perdieron 10 vidas, se demostró a la guerrilla que no tiene santuarios a los que no puedan llegar las fuerzas militares para rescatar a los secuestrados.

"Para mí el operativo fue un éxito en ese sentido, lo que pasa es que cuando uno está con una gente desalmada que asesina sin contemplación va a ser siempre difícil tener totalmente éxito", declaró el vicepresidente.

El presidente Alvaro Uribe, Santos y los altos mandos militares asistieron a una ceremonia religiosa en memoria de los ocho militares muertos en el frustrado rescate.

Los ataúdes con los cuerpos de los militares fueron cubiertos con la bandera de Colombia y Uribe dio sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"El país tiene que acabar con estos delincuentes, esto es muy triste, no han hecho sino acabar con las familias colombianas", declaró lacónicamente y con visible tristeza el mandatario.

Colombia, país de más de 40 millones de habitantes, afronta un conflicto interno de casi cuatro décadas que deja miles de muertos al año. La guerrilla secuestra al año a miles de civiles por los que exige millonarios rescates, que financian en parte su lucha armada.

En el 2002 se registraron 2.986 casos de secuestros, la mayoría cometidos por la guerrilla.

La muerte del gobernador, el ex ministro y los militares, multiplicó las voces de condena contra las FARC a nivel internacional.

El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, condenó lo sucedido y dijo que las FARC deben asumir la responsabilidad por la vida de todos los secuestrados en su poder.

"Estos asesinatos representan una peligrosa intensificación del conflicto. El secuestro y asesinato de civiles y prisioneros son una violación del Derecho Internacional Humanitario", dijo una declaración de Annan. REUTERS