El presidente del Frente Amplio Tabaré Vázquez se
comprometió ayer con una delegación de la Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a
respaldar todas las acciones que impulse esa
organización, al considerar la Mesa Política que pese
al informe de la Comisión para la Paz, el tema no es
un "punto final" y no cumple con el artículo cuarto de la
ley de Caducidad.
La Mesa Política del Frente que se reunió en forma
conjunta con la dirección nacional del Encuentro
Progresista, recibió ayer el informe del representante
de esa fuerza política en la Comisión para la Paz, el
asesor personal de Vázquez, Gonzalo Fernández.
Asimismo estuvo presente en la reunion una
delegación de la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos, integrada entre otros por
Javier Miranda y Luisa Cuesta.
Tras la reunión Miranda recordó que "en su
oportunidad el presidente del Frente Amplio manifestó
su voluntad de apoyar lo que familiares lleven adelante
en los próximos pasos y ese compromiso fue
ratificado en el día de hoy".
En la reunión Miranda explicó a los dirigentes del
Frente Amplio que el documento emanado de la
Comisión para la Paz es "fundamental que deba se
analizado y profundizado en el conocimiento público y a
partir de allí buscar los caminos de dialogo más
amplios posibles para obtener un buen resto de
verdad que todavía nos falta por conocer".
Para los familiares de los desaparecidos, la vía judicial
es válida, pero no la única, ya que la vía política es
fundamental. Miranda explicó que "la colaboración de
la institución militar como institución, no fue acabada.
La Comisión para la Paz eleva el informe final al
presidente de la República para que en cumplimiento
de los artículos cuatro y seis de la resolución de la
creación de la Comisión para la Paz, profundice la
investigación en aquellos aspectos en que la
Comisión para la Paz no lo pudo hacer. Ese paso
todavía esta pendiente de darse", puntualizó.
En la reunión de ayer los integrantes de la Mesa
Política del Frente plantearon una diferencia entre el
informe de la comisión y el decreto del Poder Ejecutivo.
Mientras el informe fue apoyado por el órgano de
conducción política de la izquierda, el decreto fue
rechazado.
El vicepresidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto,
afirmó al sintetizar el resultado de la reunión que "el
informe no representa de ninguna manera un punto
final. No lo menciona en ningún momento y más aún,
en todo caso es todo lo contrario: se abren las
posibilidades para que ahora el Poder Ejecutivo
específicamente con la información que se suministra
y con aquella que el Poder Ejecutivo podrá obtener,
deberá seguir adelante".
Además la Mesa Política del Frente Amplio consideró
que el informe no tiene ningún efecto vinculante o
preceptivo sobre el proceso en trámite. "Es un informe
que logra demostrar dos cosas importantes: que la
verdad es posible; que es posible llegar como dice la
comisión en este caso a esta primera verdad. Hay
muchos caminos para recorrer para seguir, para llegar
a la real verdad y que ella es posible. La
responsabilidad caduca cuando ya no hay ningún caso
por investigar y es claro que quedan muchos casos
por investigar y muchas cosas por comprobar como lo
dice explícitamente la comisión", aseguró Brovetto.
El vicepresidente del Frente Amplio, sostuvo que "lo
que surge claramente de este informe y que debe ser
tomado como primerísimo tema para el nunca más es
que en este país existieron delitos cometidos por
agentes del Estado. El delito de la tortura y el delito de
la muerte por agentes del Estado en el período al que
hace referencia el informe", precisó.
Consultado acerca de si el Frente tenía pensado cómo
continuar con la investigación en caso de acceder al
gobierno en el próximo período, respondió que "ese
tema lo consideraremos cuando lleguemos al
gobierno y estamos a dos años todavía".
"Campaña" contra Cuba
La Mesa Política del Frente Amplio advirtió ayer que
Cuba está siendo objeto de una "campaña" en su
contra por las ejecuciones "en medio de una situación
muchísimo más grave a nivel mundial y nacional", dijo
ayer su vicepresidente Jorge Brovetto.
El órgano de conducción política ratificó la declaración
aprobada por la bancada de legisladores donde se
condenó la aplicación de la pena de muerte en
cualquier parte del mundo, pero evitó referirse al caso
de los fusilamientos aplicados por el régimen de Fidel
Castro. Por otra parte, la Mesa Política decidió tratar la
semana próxima, los cuestionamientos del Foro
Batllista a la Justicia.
