La muerte de un niño de once años, quien fue engañado para que condujera una bicicleta que luego fue volada a control remoto, ha causado indignación en Colombia, donde la ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, pidió este viernes a la comunidad internacional condenar el hecho.
El niño fue contactado el jueves en la plaza central de la población de Fortul -300 km al este de Bogotá, en el departamento de Arauca- para que llevara una bicicleta hasta un sitio conocido como La Ye, en la entrada del pueblo, donde opera un puesto de control militar, según informó la policía.
La bicicleta, acondicionada con explosivos, estalló cuando el niño se acercaba al retén militar y causó su muerte y heridas a otras cuatro personas.
El gobernador del Arauca, Oscar Muñoz, señaló que el menor se llamaba Irwin y que estaba bajo custodia de sus abuelos, Miguel Angel Ropero e Isabel Serrano. No precisó si era huérfano.
Muñoz convocó una campaña de solidaridad con los abuelos del pequeño, quienes viven en condiciones de pobreza, para que los colombianos hagan donaciones en una cuenta bancaria.
El comandante de la Policía de Arauca, coronel Luis Alcides Morales, indicó que el menor llevó la bicicleta hasta el lugar y fue detonada pocos metros antes de que llegara, provocándole la muerte.
Morales atribuyó la acción a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tiene una presencia activa en la zona, al igual que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares de extrema derecha.
La ministra Ramírez dijo a la prensa que "a la comunidad internacional y a tantas organizaciones que critican tan severamente a nuestra fuerza pública ojalá las veamos criticando con mayor severidad un acto de barbarie como éste".
"No hay derecho a utilizar a un niño, engañarlo para que lleve una bicicleta y la coloque cerca de donde está la fuerza pública, sabiendo que es una bicicleta cargada con explosivos", indicó.
Añadió que "éste es el tercer acto de esta naturaleza que vemos en Arauca. No olvidemos los dos automóviles conducidos por unos hermanos, absolutamente ignorantes de que estaban llevando una carga explosiva, y ahora hacen esto con un niño".
En enero estallaron cuatro coches-bomba en ese departamento, con saldo de 12 muertos y 27 heridos. Dos de esos coches-bomba eran conducidos -tal como señaló la ministra- por personas que no sabían que llevaban explosivos.
Monseñor Pedro Rubiano, máxima autoridad eclesiástica en el país, también reaccionó este viernes por la muerte del menor, señalando que los autores "quedan bajo el signo de la maldición de Caín".
Por su parte el gobernador de Arauca, Oscar Garrid Muñoz, dijo que "no podemos permitir que en Colombia se sigan violando los derechos de esta manera", añadió el mandatario seccional.
La muerte del menor se convierte en un hecho más de violencia en el departamento de Arauca -fronterizo con Venezuela- donde desde comienzo de año se vive una crítica situación de inseguridad.
Las ciudades de Arauca -capital del departamento-, Arauquita y Saravena hacen parte desde setiembre pasado de una zona especial de rehabilitación y consolidación bajo estricto control militar, la cual fue creada por el presidente Alvaro Uribe con el propósito de combatir con más eficacia a los grupos ilegales.
El departamento de Arauca, rico en petróleo, representa también un gran interés para Estados Unidos, presente allí con la multinacional Occidental Petroleum, que explota los pozos de Caño-Limón y opera el principal oleoducto del país, Caño Limón-Coveñas, de 800 kilómetros de largo.
Unos 70 asesores militares estadounidenses se hallan en el departamento entrenando a los soldados colombianos en labores de protección de los pozos petroleros y del oleoducto.
La situación de violencia en Arauca ha llegado también a la prensa. Dos periodistas fueron asesinados en los últimos diez meses, mientras que otros 16 fueron obligados a huir el pasado 31 de marzo, por las amenazas de las FARC o de los paramilitares de extrema derecha. AFP y EFE