El Congreso peruano cerró el camino hacia la presidencia a todos los funcionarios de confianza que trabajaron para el ex presidente Alberto Fujimori, al aprobar una reforma en la Constitución que impedirá postularse al máximo cargo a funcionarios de un "gobierno usurpador".
Esta nueva norma parece complementar una decisión anterior del Congreso que inhabilitó por 10 años a Fujimori - quien es requerido por la justicia - para el ejercicio de cualquier cargo público.
Por 76 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, el pleno aprobó el martes el artículo 166 que señala quiénes están impedidos para postularse a la presidencia y vicepresidencia de la república.
Fujimori afirmó hoy que la creación de esa norma refleja el temor de la clase política tradicional ante un "inminente retorno del fujimorismo".
"No debieran ser congresistas aquellos que, dándole la espalda y desoyendo al pueblo que los eligió, cambian la Constitución con absurdos para favorecerse a sí mismos y asegurar su futuro político", dijo en una nota divulgada por su oficina de prensa en Perú, Fujiprensa.
El artículo señala que "está impedido de postular el ciudadano que en un gobierno usurpador haya ejercido el cargo de Presidente de la República o ministro de Estado, así como aquellos que han ocupado cargos públicos de confianza por designación presidencial o ministerial en ese periodo".
El Congreso lleva a cabo actualmente discusiones y debates para la implementación de reformas a la Constitución de 1993, creada por Fujimori luego del autogolpe del 92, cuando cerró el Congreso y las cortes de justicia.
Todas las modificaciones, sin embargo, deberán ser sometidas a un referéndum y aprobadas por la población.
El gobierno de Fujimori (1990-2000), considerado por sus opositores como una dictadura con fachada de democracia, cayó en noviembre del 2000, cuando el entonces mandatario abandonó Perú, huyendo de un escándalo de corrupción que enlodó a su ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos.
Montesinos y varios ex ministros de Fujimori, ex congresistas, ex magistrados y algunos de sus propios familiares, enfrentan actualmente procesos por corrupción, o investigaciones sobre malos manejos.
Refugiado en Japón, Fujimori es acusado en Perú por abandono de cargo, violaciones a los derechos humanos, peculado y enriquecimiento ilícito, pero él afirma que es un perseguido político.
Fujimori ha hablado de sus deseos de retornar al país y ser candidato presidencial el 2006, aunque no ha mencionado cómo piensa que lo hará existiendo una inhabilitación en su contra.
Un reciente sondeo indicó que Fujimori cuenta con 14% de popularidad entre los peruanos. AP