La Comisión de Derechos Humanos de la ONU (CDH) se pronunciará la semana próxima sobre un proyecto de resolución que pedirá a Cuba colaborar en el respeto a los derechos civiles y políticos, en momentos en que el gobierno de ese país aplica la mayor ola de represión de los últimos años contra sus opositores.
El año pasado, una resolución de tono muy moderado, de condena y apoyo, fue adoptada con una pequeña mayoría de 53 miembros de la Comisión. Ese texto invitaba a Cuba a "realizar progresos en cuanto a los derechos civiles y políticos, similares a los que se había logrado en materia social, a pesar de un entorno internacional desfavorable".
Pero cuando el miércoles o jueves, un nuevo proyecto de resolución sobre Cuba sea presentado por cuatro países latinoamericanos (Uruguay, Perú, Nicaragua y Costa Rica), el tono será completamente diferente.
El endurecimiento de la represión ha sido tan inesperado como impresionante: cerca de 79 opositores, entre los cuales hay personalidades de renombre, fueron condenados a un total de 1.454 años de prisión. Tres secuestradores de una barcaza en la que intentaban huir del país fueron ejecutados.
El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Felipe Pérez Roque, presentó las condenas como una "defensa" frente a las "agresiones" y "provocaciones" fomentadas según él por diplomáticos norteamericanos en Cuba.
Esta manera de sofocar a la oposición fue condenada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de Mello, quien se interrogó sobre los procedimientos expeditivos contra los opositores al régimen, y anunció su intención de pedir "información detallada" sobre estos juicios.
Estados Unidos, la Comisión y el Parlamento europeos, varios países europeos y Canadá protestaron airadamente, y todas las grandes organizaciones de derechos humanos se declararon horrorizadas.
El proyecto de resolución redactado por Uruguay (como el año pasado) y tres países latinoamericanos retoma la solicitud hecha a La Habana en la resolución del 2002 de aceptar la visita de una emisaria del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
En enero la francesa Françoise Chanet fue designada para informarse sobre los derechos civiles y políticos, pero el régimen castrista se rehusó a recibirla.
AFP
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