natalia roba
Las pericias realizadas por psicólogos en el ámbito de la justicia de Familia para corroborar denuncias de abuso sexual despiertan dudas. La dificultad para probar los casos que no necesariamente dejan huellas puede dar lugar a que la denuncia sea usada de escudo en el litigio de una separación de bienes o en una tenencia. Varias denuncias interpuestas en este sentido han llevado a un grupo de padres a sostener que han sido víctimas del "atropello, la negligencia y falta de criterio" y han puesto en funcionamiento investigaciones administrativas tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio del Interior.
El grupo de padres que ha protagonizado diez casos distintos —y aseguran que hay más— con las mismas características, puso en conocimiento a las autoridades de la presunta maniobra. Sus ex cónyuges los han denunciado de abusar sexualmente de sus hijos o de los hijos de su pareja. En todos los casos la denuncia fue presentada con una evaluación psicológica realizada por la misma profesional y en otros casos por alguna de la Organizaciones No Gubernamentales (ONG) especializadas en el tema, asegurando que el comportamiento de los menores delata una situación de abuso.
A raíz de esos informes, y a pesar de que otras pericias realizadas en el Instituto Técnico Forense (ITF) no han confirmado el abuso, distintos jueces de Familia han tomado medidas cautelares quitándole la tenencia a la madre, o prohibiéndole las visitas al padre. En otros casos los denunciados terminaron procesados con prisión.
Los padres denunciaron los casos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Fiscalía de Corte y el Ministerio del Interior. El presidente de la SCJ, Roberto Parga y el ministro Guillermo Stirling informaron a El País que hubo datos para iniciar investigaciones que están en proceso.
En el Poder Judicial se investiga a jueces de Familia, de Menores y de Penal involucrados y a la psicóloga. En el Interior se indaga la actuación del Centro de Asistencia a la Víctimas de Violencia Doméstica. La denuncia señala que informes elaborados allí terminaron "sembrando dudas interminables en jueces y fiscales".
Además mencionan que la directora de ese centro dijo en declaraciones a El País (12/5/2002) que este "es el único del país que también convoca al presunto agresor. Se lo integra al conjunto porque se trata de buscar soluciones alternativas previas a la apertura del caso frente al sistema judicial". Estos padres afirman que en ningún caso fueron convocados sino que se enteraron de que los niños eran atendidos allí, en la justicia.
Por una denuncia que le presentaron al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez este resolvió el 9 de mayo de 2002 poner en conocimiento a la SCJ de los hechos. El jerarca afirmó que esas denuncias se apoyaron en "disparatados, groseros y poco profesionales informes psicológicos" y que "los informes de esta psicóloga fueron terminantemente descalificados por distintos peritos judiciales y calificados profesionales, habiéndose efectuado una denuncia ante el juzgado penal de 17 turno".
Esa denuncia está hoy a cargo de la jueza penal Gabriela Merialdo y la fiscal Olga Carballo quienes investigan la responsabilidad penal de la psicóloga interviniente, y ya la han citado a declarar varias veces.
Caso 1
procesado
M.O. fue procesado por atentado violento al pudor por la entonces jueza de 17 turno, Ana Lima 15 días después de que el ex esposo de su pareja presentara una denuncia acusándolo de abusar de sus hijos de 6 y 8 años, presentando como prueba el informe de la psicóloga pago por el mismo.
Recién después de recluido, se le hicieron nuevas pericias que no confirmaron el abuso. Aún así la justicia negó su excarcelación y siguió preso hasta junio (ver nota aparte).
Mientras tanto la madre perdió la tenencia de los niños. A partir de allí sólo pudo verlos en la División de Asistencia Social (DAS) del Poder Judicial. Actualmente los ve tres horas, dos veces por semana y a la siguiente semana los tiene de viernes a domingo.
Caso 2
Consulta
El caso de H.O. sólo se diferencia del anterior en que la demanda penal no prosperó. Pero desde que el padre del hijo de su esposa lo denunció por abusar sexualmente del niño, ella no lo volvió a ver y debieron pasar por innumerables instancias judiciales.
La denuncia fue realizada por la misma psicóloga, ante la justicia penal y de Menores, para sorpresa de la madre. Ella misma había llevado al niño dos veces a su consultorio para pedirle una evaluación emocional en apoyo a un trámite de regulación de visitas en el juzgado de Familia, a cargo de Mario Vidal, donde estaba radicado su divorcio con el denunciante.
El juez de Menores resolvió separar al niño de la madre, mientras se hacían otras pericias. El juez penal Alvaro Franca archivó las actuaciones. Hubo dos sentencias del Tribunal de Apelaciones pidiendo la restitución del niño al hogar materno pero no se han cumplido.
Una de las ONG especializadas, que atendió al niño llevado por su padre, elaboró cuatro informes que fueron enviados al juez por la directora del centro. En los cuatro se aseguró que hay síntomas de abuso. Aunque otras pericias del ITF no lo confirmaron, desde setiembre del 2001 su madre no lo ha vuelto a ver.
Caso 3
citacion
Víctor Martínez también fue sorprendido por una citación a presentarse en la Comisaría de Menores a mediados de 1999. Cuando se presentó conoció los detalles: su ex esposa lo había denunciado de abusar de su hijo y sobrina, de 5 años y 3 años.
El juez penal que entendió del caso archivó las actuaciones pero la denuncia pasó a la justicia de Familia. Un informe de marzo de 2000 elaborado por el área social del ITF afirma que "no se observaron elementos que impidan que el niño pueda visitar a su padre, abuela paterna y bisabuela, se observa afecto y a personas responsables en estos. Por el contrario, se considera negativo que el niño corte todo vínculo con su padre y familia de éste".
El abogado de la madre del niño sugirió que se le hiciera al padre una pericia psicológica. La jueza de Familia, Estrella Pérez recomendó a la misma psicóloga por ser especializada en cuestiones de abuso. El informe de esta perito fechado en junio de 2001 diagnosticó un "abuso emocional severo que no excluye la posibilidad de abuso sexual". Ello determinó que la jueza suspendiera las visitas y prohibiera a Martínez acercarse al local escolar donde concurría a menudo para ver a su hijo. La última vez que lo vio fue en octubre de 2001.
Caso 4
separacion
Otro informe elaborado en el Centro de Asistencia a las Víctimas de la Violencia Familiar sirvió para que la jueza de Familia Azucena Oxoby suspendiera las visitas que J.D. mantenía con su hijo. La denuncia también realizada a la Comisaría de Menores, tampoco prosperó penalmente.
La jueza dispuso pericias al niño y al padre en el ITF, las que señalaron que ambos tiene un "comportamiento adecuado". Luego decretó visitas vigiladas en el DAS, de donde surgió otro informe en el que se señaló que "se logró una buena comunicación entre ambos".
Otras dos pericias tampoco confirmaron el abuso, sin embargo la madre incumplió las visitas en el DAS, y el Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno las ratificó. Aún así la jueza se mantuvo en la decisión de no reanudarlas y el padre inició un juicio de tenencia en mayo de 2002, actualmente a estudio de un tribunal. En la audiencia que se llevó a cabo por ese juicio se presentaron como testigos las responsables de la ONG dependiente del Interior, y de otra especializada, quienes ratificaron su denuncia contra el padre.
Semana atrás se celebró una nueva audiencia y la jueza, como si la denuncia de abuso no hubiera existido, restableció las visitas dos veces por semana "en el horario que convengan los padres".
Consultada por El País la psicóloga indagada aseguró ser experta en la materia: "Desde hace 16 años trabajo para la Corte. A pesar de la investigación soy la primera en la lista de peritos elaborada recientemente". Afirmó que la "punta del iceberg" de esto es otro psicólogo que trabaja para el Poder Judicial que "reunió a esta gente, negocia y trabaja con ellos, luego que lo denuncié por varios delitos que cometió".
La otra profesional, que dirige el centro dependiente del Interior, se negó "a responder a estas denuncias". No obstante profesionales de ese centro afirmaron que "está todo hiperdiagnosticado y confirmado. En los delitos sexuales pasa eso, el agresor es querellante y reinvindicativo para distraer la atención".
Urgencia
justicia de familia
Al respecto, el presidente de la Suprema Corte aseguró que es necesario "prestigiar a la justicia de Familia por la importancia que tienen los temas que allí se tratan". Parga también se refirió a la importancia que tienen los técnicos que asesoran a los jueces, como psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales ya que con las resoluciones "se pueden causar daños irreparables".
No obstante aseguró que el Poder Judicial cuenta con el asesoramiento del ITF y que se confeccionó una lista con otros peritos que son "confiables".
La ex defensora de oficio de Familia, Mabel Rivero, experta en la materia aseguró a El País que "hay que dignificar la magistratura de familia y menores porque por más que se hable de la importancia de la familia, ser juez en esa materia es una categoría de segunda. Eso lo sabemos desde enorme cantidad de años. Cuando un juez es sancionado lo mandan a Familia como al tacho".
Aunque reconoció que hay muy buenos jueces, aseguró que "no siempre nombran como juez de Familia a alguien que tiene el conocimiento, la sensatez, la madurez y el equilibrio necesarios".
Además mencionó la necesidad de que esos jueces "cuenten con técnicos idóneos, porque puede pasar que los padres pongan a sus hijos de escudo".
Rivero explicó que ante la duda es necesario buscar una medida rápida y alejar al niño del supuesto agresor. "Puede ser que en las Ongs tengan la convicción de que el niño es abusado, pero ese diagnóstico tiene que pasar por el tamiz de alguien que además tenga conocimiento más profundo de la cosa".
También planteó que hay una "tendencia de parte de los psicólogos a decir los niños nunca mienten. Yo creo que es cierto pero lo que dice el niño puede estar distorsionado porque la otra parte le puede decir ‘tu padre te hizo esto o lo otro‘ y el niño termina diciendo lo que la otra persona le hizo ver".
"Yo he tenido el caso de una chica que tenía un cargo de conciencia tremendo porque su madre la hizo atestiguar que el padre le había hecho cosas que no eran ciertas", recordó Rivero.
Agregó que "en una persona de 30 o 40 años no es nada, pero en un niño, un año de su vida sin ver a su madre o a su padre es mucho".