La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) afirmó que el gobierno debería obligar al fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez a renunciar luego de un trabajo redactado por el jerarca en el que sugiere a los fiscales nacionales que apliquen una doctrina restrictiva de la libertad de la información, y donde advierte que "es ilícita la divulgación de hechos de ámbito privado que carezcan de interés social".
En rechazo a ese informe la APU envió su pronunciamiento al presidente Jorge Batlle, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Suprema Corte de Justicia. Además solicitará a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras parlamentarias que reciban al sindicato para denunciar estos hechos.
El sindicato de la prensa rechazó "de manera terminante la conceptuación que el funcionario realizó de la libertad de expresión, el derecho a informar y a informarse y la libertad de prensa".
En un comunicado la APU señaló que Peri Valdez "adopta una filosofía similar a la de la dictadura militar cuando recomienda que los periodistas deben actuar de acuerdo «al interés nacional» o «el desarrollo nacional»".
"No le corresponde al fiscal de Corte, ni al Presidente de la República, ni al Poder Judicial, ni al Parlamento, ni a los periodistas reunidos en un colegio, establecer la forma en que debe ejercerse la libertad de expresión, puesto que es un derecho fundamental de los ciudadanos, la primera libertad para defenderse de la tiranía e incluso de los intentos totalitarios de cualquier poder o funcionario del Estado", señaló.
Agregaron que llama poderosamente la atención que el fiscal de Corte "le indique a los periodistas que «valores» deben defender y al servicio de las causas que deben trabajar".
"Se hace indispensable recordar que los periodistas no tienen otra causa que buscar información, valorarla a su leal saber y entender, constatarla con una actitud dirigida a la búsqueda de la verdad, y darla a conocer a la ciudadanía en general", subrayó APU en la comunicación.
Además recordó que Peri Valdez en varias oportunidades anteriores impulsó soluciones legales y actuó desde su puesto con una filosofía restrictiva hacia la libertad de prensa.
En ese sentido APU puntualizó que "en su Código del Proceso Penal aprobado pero que nunca entró en vigencia, incluyó un insólito derecho de respuesta automático contra los medios de comunicación. Del mismo modo "se negó a entregar información producida por su oficina a un periodista y la Justicia debió conminarlo a entregarla acogiendo un recurso de amparo presentado por el periodista", precisaron.
Concluyó la declaración de la Asociación de la Prensa que ideas como las que promueve este fiscal de Corte han permeado en muchos fiscales letrados, recientemente un fiscal letrado de Dolores "archivó una agresión confesa contra un periodista y se erigió en acusador del periodista en una denuncia presentada por el mismo agresor".
"Tampoco actuó con ningún celo este fiscal de Corte cuando la Asociación de la Prensa le presentó pruebas contundentes sobre la existencia de escuchas telefónicas en la redacción de un medio de comunicación".