La lluvia de denuncias que se registró en las últimas semanas contra la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y algunos de sus directores volvió a poner en el centro de atención la figura del Defensor del Vecino.
El próximo miércoles los ediles del Partido Nacional exigirán en una sesión extraordinaria que el Encuentro Progresista (EP) tome una posición.
Los nacionalistas consideran que este es el último año para definir el tema, según dijo a El País el edil, Maute Saravia.
Desde hace más de dos años el proyecto es analizado por la Comisión de Legislación en la Junta.
Para los nacionalistas, la administración de Arana debe "cumplir" con el acuerdo que permitió con los votos blancos cobrar la tasa de saneamiento.
A fin del año pasado el presidente de la Junta, Carlos Varela aseguró que este año el tema sería votado.
Maute Saravia expresó que los ediles del EP deberán "definir" si lo votan o no.
DONDE DENUNCIAR. El proyecto que presentó la Intendencia, y que cuenta con el apoyo del Partido Nacional, plantea la creación de la figura del Defensor del vecino en el ámbito de la Junta Departamental.
A fines del año pasado en la Junta el director de Jurídica, Adolfo Pérez Piera, explicó que la iniciativa apunta a la defensa de los derechos humanos, brindar mayor "transparencia y equidad a la gestión municipal y una mayor llegada de los vecinos a las instancias de decisión y de gestión municipal".
El director dijo en la Junta que el proyecto busca fortalecer la descentralización.
Los cometidos generales del proyecto son controlar la gestión municipal y velar por los derechos humanos. En lo que tiene que ver con la IMM el Defensor del Vecino no podrá tratar temas que que estén relacionados con los trabajadores municipales.
"Su intervención no es perceptiva en el sentido que obligue a la Administración a corregir o a torcer sus procedimientos, ni a sancionar a funcionarios que se compruebe que no han actuado en forma regular, sino que es más que nada sugerente, informa, solicita, requiere, pone en conocimiento, pero no puede de por si torcer la voluntad de la Administración, si es que ésta resuelve no hacerlo", comentó el director de Jurídica.
El proyecto otorga facilidades al Defensor del Vecino para poder acceder a información, consultar en ámbitos administrativos, entrevistarse con los funcionarios o solicitar documentación.
"La fuerza del Defensor del Vecino radica fundamentalmente en la propia imagen que levante su figura, en el respeto que genere su actuación, y por eso se entiende que debe contar con un amplio respaldo, tanto político como social", comentó el jerarca.
La persona deberá ser designada por la Junta Departamental luego de que los ediles y la ciudadanía participen aportando los nombres de diferentes figuras.
La designación debe ser aprobada por dos tercios de la Junta. "Debe tener un mayoría importante que le dé un adecuado respaldo para las tareas que va a desempeñar", comentó.
"Lo que se pretende es que haya un estudio pormenorizado de los candidatos, de los antecedentes, de sus condiciones y, en definitiva, que la persona que resulte electa cuente con un amplio respaldo", sostuvo Pérez Piera.
El Defensor del Vecino ejercerá su cargo durante un período de seis años los cuales no podrán coincidir con el período del gobierno departamental en el que sea elegido y podrá ser reelecto por única vez durante tres años más.
La Junta podrá destituirlo en caso de que se comprueben casos de "mal comportamiento" o que sea condenado por algún delito. Para ello la Junta deberá tener la misma mayoría por la que fue electo.