Que quede claro

El Presidente de la República, en acuerdo con el Ministro de Educación observó el contrato suscripto por la Administración Nacional de Correos (ANC) y la Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (Adypu) por "ilegal e inconveniente". En sus "considerandos" (puede leerse completo en la página 5 de esta edición) se establecen una serie de presuntas irregularidades en el proceso de concreción del convenio, que hacen al funcionamiento interno de la ANC, a la legitimidad del representante que firmó por la ANC y a la redacción de determinados artículos, haciendo hincapié fundamental más en lo que no dice que en lo que en definitiva se acuerda.

Un lector desprevenido podría llegar a considerar válidas estas observaciones por sus oropeles jurídicos, pero a poco que se conozca la verdadera historia que rodeó a este contrato se verá que ese ropaje es una mero tapujo de una decisión política asumida y anunciada con mucha anterioridad por el Presidente de la República. En efecto, el contrato se acababa de firmar el 3 de diciembre pasado cuando el presidente del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, el Sr. Eddie Espert que aún mantenía el diálogo con Adypu, comunicó a directivos de El País que no seguía las negociaciones porque el Presidente de la República lo iba a observar.

Simultáneamente, el presidente de la ANC, el Sr. Diego Martínez, que había abrazado con inusual entusiasmo las negociaciones iniciadas por sus compañeros del Correo (Esteban Jardín y Gustavo Osta) al punto de decir que ‘aun cambiando el dinero o a pérdida’ le interesaba vivamente la firma del acuerdo, fue llamado al Edificio Libertad y conversación con el Dr. Batlle mediante, se transformó en enemigo acérrimo del contrato.

¿Hubo argumentos jurídicos que motivaran estos hechos? ¿El Presidente de la República ya había estudiado y desmenuzado el contrato entre la ANC y Adypu para detectar las presuntas incongruencias jurídicas?

Cabe recordar que el Correo llegaba a este contrato luego de haber presentado la mejor oferta en una licitación donde compitió con otras dos empresas postales que operan en el mercado. Cabe recordar, también, que el Correo es un organismo estatal subsidiado; es decir, que todos los uruguayos con sus impuestos a las retribuciones personales o por las "mordidas" que Rentas Generales aplica a las tarifas de los entes públicos, contribuyen en mayor o menor medida a financiar. Y cabe recordar por último, que éste era un contrato oneroso, por el cual el Correo recibía recursos, que no salían del contribuyente.

¿Es razonable, entonces, que un contrato de esta naturaleza reciba "a priori" la tacha del Presidente de la República? ¿El Presidente le pidió al Ministro de Educación que estudiara el tema o que directamente lo observara y le diera argumentos para justificar su decisión?